L D (EFE) El titular del juzgado de Instrucción número 30, que estaba de guardia, decretó prisión incondicional para cuatro personas y prisión eludible bajo fianza de 3.000 euros para una más. Se trata de Victoriano C.F., Joaquín F.C., Santiago C.M., Antonio S.E. y Carmen Eulalia I.M., acusados de cohecho y otros delitos.
Otros 11 investigados por la Guardia Civil en esta operación, que comenzó el pasado miércoles, se encuentran en libertad y no han sido "puestos a disposición judicial en calidad de detenidos", de acuerdo con el TSJM, que recuerda que, sin embargo, "podrán ser llamados a declarar por el juez de instrucción" para prestar declaración.
Las actuaciones ante el juzgado de guardia serán remitidas al juzgado de Instrucción 32, que entiende del caso, en los primeros días de la semana entrante. Los detenidos fueron acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, y presuntamente formaban parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de "todo tipo".
La operación comenzó el pasado miércoles, cuando fueron detenidos 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento, y prosiguió el viernes, con el arresto de un empresario. Ese día se efectuaron más de una decena de registros en diferentes dependencias municipales y en domicilios de los arrestados, donde se intervino numerosa documentación que está siendo analizada. Los registros, en los que también colaboró la Policía Municipal, tuvieron lugar en las sedes de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente y en las Juntas Municipales de Centro, San Blas y Chamberí, de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido personarse en las actuaciones judiciales en calidad de perjudicado y constituirse, "en su caso", en acusación particular y el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo- como acusación popular. Además, también la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) tiene la intención de personarse en la causa como acusación, informa en un comunicado.
El juez de guardia además tomó el pasado viernes declaración en relación con esta operación a varios testigos que acudieron voluntariamente al Juzgado, mientras que el juez del caso es Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.
Otros 11 investigados por la Guardia Civil en esta operación, que comenzó el pasado miércoles, se encuentran en libertad y no han sido "puestos a disposición judicial en calidad de detenidos", de acuerdo con el TSJM, que recuerda que, sin embargo, "podrán ser llamados a declarar por el juez de instrucción" para prestar declaración.
Las actuaciones ante el juzgado de guardia serán remitidas al juzgado de Instrucción 32, que entiende del caso, en los primeros días de la semana entrante. Los detenidos fueron acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, y presuntamente formaban parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de "todo tipo".
La operación comenzó el pasado miércoles, cuando fueron detenidos 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento, y prosiguió el viernes, con el arresto de un empresario. Ese día se efectuaron más de una decena de registros en diferentes dependencias municipales y en domicilios de los arrestados, donde se intervino numerosa documentación que está siendo analizada. Los registros, en los que también colaboró la Policía Municipal, tuvieron lugar en las sedes de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente y en las Juntas Municipales de Centro, San Blas y Chamberí, de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido personarse en las actuaciones judiciales en calidad de perjudicado y constituirse, "en su caso", en acusación particular y el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo- como acusación popular. Además, también la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) tiene la intención de personarse en la causa como acusación, informa en un comunicado.
El juez de guardia además tomó el pasado viernes declaración en relación con esta operación a varios testigos que acudieron voluntariamente al Juzgado, mientras que el juez del caso es Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.