L D (EFE) Así lo ha anunciado en Santander la presidenta del Observatorio sobre la Violencia de Género, Montserrat Comas, quien recordó que las bases de este protocolo han sido ya fijadas hace diez días por su departamento, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior tras los dos últimas muertes que se produjeron de mujeres cuyas parejas tenían orden de alejamiento.
Comas confió en que la comisión apruebe en esa reunión el borrador de este protocolo para conseguir que "ninguna otra mujer muera en este país si ha denunciado una situación de agresión y está acogida a una orden de protección", dijo.
La comisión está integrada por el Ministerio del Interior, el de Justicia y el de Trabajo y Asuntos Sociales, así como por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Federación de Municipios y Provincias, representantes de comunidades autónomas y de colegios de abogados y procuradores.
La presidenta del Observatorio sobre la Violencia de Género recordó que este protocolo recoge el que las fuerzas policiales puedan priorizar las ordenes de protección donde la víctima esté en mayor situación de riesgo, individualizar caso por caso y arbitrar las distintas soluciones.
El protocolo incluirá, por lo tanto, medidas como la custodia permanente, durante 24 horas, en casos de extrema gravedad y si el riesgo hacia la víctima lo requiere y el seguimiento permanente de los agresores, que deben ser los que, opinó Comas, "soporten el plus del seguimiento policial".
Esto permitirá detectar un posible problema con el agresor antes de que se produzca "un mal mayor", añadió Comas, quien impartirá esta tarde una conferencia en la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria sobre las actuaciones y objetivos del órgano que preside.
El documento recogerá también el generalizar para las víctimas acogidas a la orden de protección, que en España supera ahora las 6.000 mujeres, los teléfonos móviles, que ya funcionan en algunas comunidades autónomas y que permiten un contacto directo entre éstas y las fuerzas policiales.
El protocolo incluirá además las denominadas 'pulseras electrónicas' para los agresores, una medida que pretende recogerse en la reforma del Código Penal, que se prevé aprobar en octubre de este año, y que obligaría a los condenados por malos tratos o violencia doméstica a llevarlas para controlar el que cumplan su orden de alejamiento, añadió Comas.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica confió en que con estas medidas y con la elaboración de la Ley Integral en esta materia, cuyo anteproyecto aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes, 4 de junio, se vaya solucionando esta "lacra social" que afecta a todas las culturas y a todo el mundo, dijo.
Comas confió en el "consenso" de todos los grupos parlamentarios para la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque, dijo, "este es de los problemas que por su compleja solución requiere grandes consensos, tanto sociales como políticos". "Debería ser de los problemas catalogados cuestiones de Estado", añadió.
Comas confió en que la comisión apruebe en esa reunión el borrador de este protocolo para conseguir que "ninguna otra mujer muera en este país si ha denunciado una situación de agresión y está acogida a una orden de protección", dijo.
La comisión está integrada por el Ministerio del Interior, el de Justicia y el de Trabajo y Asuntos Sociales, así como por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Federación de Municipios y Provincias, representantes de comunidades autónomas y de colegios de abogados y procuradores.
La presidenta del Observatorio sobre la Violencia de Género recordó que este protocolo recoge el que las fuerzas policiales puedan priorizar las ordenes de protección donde la víctima esté en mayor situación de riesgo, individualizar caso por caso y arbitrar las distintas soluciones.
El protocolo incluirá, por lo tanto, medidas como la custodia permanente, durante 24 horas, en casos de extrema gravedad y si el riesgo hacia la víctima lo requiere y el seguimiento permanente de los agresores, que deben ser los que, opinó Comas, "soporten el plus del seguimiento policial".
Esto permitirá detectar un posible problema con el agresor antes de que se produzca "un mal mayor", añadió Comas, quien impartirá esta tarde una conferencia en la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria sobre las actuaciones y objetivos del órgano que preside.
El documento recogerá también el generalizar para las víctimas acogidas a la orden de protección, que en España supera ahora las 6.000 mujeres, los teléfonos móviles, que ya funcionan en algunas comunidades autónomas y que permiten un contacto directo entre éstas y las fuerzas policiales.
El protocolo incluirá además las denominadas 'pulseras electrónicas' para los agresores, una medida que pretende recogerse en la reforma del Código Penal, que se prevé aprobar en octubre de este año, y que obligaría a los condenados por malos tratos o violencia doméstica a llevarlas para controlar el que cumplan su orden de alejamiento, añadió Comas.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica confió en que con estas medidas y con la elaboración de la Ley Integral en esta materia, cuyo anteproyecto aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes, 4 de junio, se vaya solucionando esta "lacra social" que afecta a todas las culturas y a todo el mundo, dijo.
Comas confió en el "consenso" de todos los grupos parlamentarios para la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque, dijo, "este es de los problemas que por su compleja solución requiere grandes consensos, tanto sociales como políticos". "Debería ser de los problemas catalogados cuestiones de Estado", añadió.