L D (EFE)
La medida ha sido aprobada por el gobierno catalán, que también ha extendido la obligación de facilitar hojas de reclamación y denuncia en tres idiomas (catalán, castellano e inglés) a los establecimientos de telefonía, inmobiliarias, centros de estética y salud, así como a los instaladores a domicilio.
La reclamación servirá para obtener la reparación de un daño, la compensación de cantidades económicas, la rescisión de un contrato o bien la anulación de una deuda o una prestación.
La denuncia, por el contrario, se usará para dar a conocer a la administración unos hechos que puedan constituir una infracción administrativa para que se actúe en consecuencia.
Sin embargo, quedan exentos de tener hojas de reclamación o denuncia los servicios públicos prestados directamente por la Administración, los centros que imparten enseñanza reglada, las actividades con normativa específica en este sentido así como las actividades llevadas a cabo por profesionales liberales que se hayan tenido que colegiar antes de ejercerlas.
En 1991 el gobierno catalán aprobó un decreto por el cual se unificaron las hojas de reclamación y que abarcaba a talleres de reparación de coches o electrodomésticos, panaderías, gasolineras, establecimientos turísticos, discotecas o bien espectáculos públicos, una lista que ya se amplió en 1996 a tiendas de ropa, de alimentación o informática, entre otros.
La reclamación servirá para obtener la reparación de un daño, la compensación de cantidades económicas, la rescisión de un contrato o bien la anulación de una deuda o una prestación.
La denuncia, por el contrario, se usará para dar a conocer a la administración unos hechos que puedan constituir una infracción administrativa para que se actúe en consecuencia.
Sin embargo, quedan exentos de tener hojas de reclamación o denuncia los servicios públicos prestados directamente por la Administración, los centros que imparten enseñanza reglada, las actividades con normativa específica en este sentido así como las actividades llevadas a cabo por profesionales liberales que se hayan tenido que colegiar antes de ejercerlas.
En 1991 el gobierno catalán aprobó un decreto por el cual se unificaron las hojas de reclamación y que abarcaba a talleres de reparación de coches o electrodomésticos, panaderías, gasolineras, establecimientos turísticos, discotecas o bien espectáculos públicos, una lista que ya se amplió en 1996 a tiendas de ropa, de alimentación o informática, entre otros.
