L D (EFE)
"El silencio es un bien valioso, escaso y necesario que debemos preservar", dijo este jueves en el Congreso la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, quien destacó durante su intervención para presentar el texto del Ejecutivo que los planes urbanísticos deberán tener en cuenta a partir de ahora los niveles de contaminación acústica que permita la ley.
Los representantes del PSOE, IU y CiU coincidieron al señalar que la ley, como está redactada, es "inaplicable", y criticaron que en muchos de sus artículos se remita a un posterior desarrollo reglamentario para concretar aspectos que a su juicio deberían quedar ya plasmados en el texto. El proyecto, explicó la ministra, fija objetivos de calidad acústica para los distintos usos de suelo (residenciales, industriales, recreativos, sanitarios y docentes) y establece también los niveles máximos que deberán soportar los espacios naturales que requieran protección. Elvira Rodríguez apuntó que el de la contaminación acústica es, después del tráfico, el principal problema medioambiental que perciben los ciudadanos en las ciudades. La nueva norma obligará a realizar un diagnóstico para conocer los niveles de contaminación acústica a través de "mapas de ruido", explicó la ministra, quien señaló que de esa forma España dispondrá de una "cartografía sonora".
El proyecto de Ley establece que en una primera fase deberán contar con mapas de ruido en 2007 las quince grandes ciudades españolas con población superior a 250.000 habitantes; los 24 ejes viarios con más de seis millones de vehículos y una longitud total de 2.546 kilómetros; los grandes ejes ferroviarios, con un tráfico superior a 60.000 trenes al año; y los once grandes aeropuertos donde se producen más de 50.000 movimientos al año. Elvira Rodríguez aseguró que la ley traspone al ordenamiento jurídico la directiva europea sobre ruido ambiental, pero insistió en que el texto del Gobierno introduce nuevos instrumentos tanto de prevención como de corrección del problema. En este sentido, la ley incluye la figura de Reserva de Sonido de Origen Natural, que podrá contar con planes de conservación para mejorar las condiciones acústicas, y prevé además que los defectos de una vivienda para conseguir los objetivos de calidad acústica en el espacio interior deberán ser reparados por el vendedor.
El socialista Víctor Morlán, observó que la ley deja "demasiados cabos sueltos" y que se trata de "papel mojado" debido a su ambigüedad y a la remisión que hace a un posterior desarrollo reglamentario. En el mismo sentido se manifestó Presentación Urán (IU), quien advirtió de las dificultades que conllevará la aplicación de esta ley cuando muchas Comunidades han comenzado a legislar en esta materia, y Jordi Martí confió en que el Gobierno rectifique su posición durante la tramitación parlamentaria del texto para definir y respetar el reparto competencial, y apuntó la posibilidad si no de llevarla al Tribunal Constitucional.
María Teresa de Lara (PP) advirtió de los riesgos que para la salud humana supone la contaminación acústica, y criticó la contradicción del principal grupo de la oposición por urgir al Gobierno por un lado a trasponer las directivas comunitarias y considerar al mismo tiempo "prematuro" haberlo hecho ya con esta norma. Tras el debate, la ministra se refirió a la "multitud" de normas dispersas en ordenanzas locales y autonómicas, y destacó la oportunidad de contar con una norma básica que marque las pautas, defina las diferentes áreas en los mapas de ruido y los planes de acción que es preciso acometer para alcanzar límites de ruido razonables.
Contra el criterio de la oposición, que mantuvo que la ley se remite en exceso al posterior desarrollo del Reglamento, la ministra aseguró que "si hubiéramos detallado más hubieran dicho que era un ley reglamentista", pero aseguró que se trata de una ley muy complicada desde el punto de vista técnico y en debe desarrollarse en un Reglamento.
Los representantes del PSOE, IU y CiU coincidieron al señalar que la ley, como está redactada, es "inaplicable", y criticaron que en muchos de sus artículos se remita a un posterior desarrollo reglamentario para concretar aspectos que a su juicio deberían quedar ya plasmados en el texto. El proyecto, explicó la ministra, fija objetivos de calidad acústica para los distintos usos de suelo (residenciales, industriales, recreativos, sanitarios y docentes) y establece también los niveles máximos que deberán soportar los espacios naturales que requieran protección. Elvira Rodríguez apuntó que el de la contaminación acústica es, después del tráfico, el principal problema medioambiental que perciben los ciudadanos en las ciudades. La nueva norma obligará a realizar un diagnóstico para conocer los niveles de contaminación acústica a través de "mapas de ruido", explicó la ministra, quien señaló que de esa forma España dispondrá de una "cartografía sonora".
El proyecto de Ley establece que en una primera fase deberán contar con mapas de ruido en 2007 las quince grandes ciudades españolas con población superior a 250.000 habitantes; los 24 ejes viarios con más de seis millones de vehículos y una longitud total de 2.546 kilómetros; los grandes ejes ferroviarios, con un tráfico superior a 60.000 trenes al año; y los once grandes aeropuertos donde se producen más de 50.000 movimientos al año. Elvira Rodríguez aseguró que la ley traspone al ordenamiento jurídico la directiva europea sobre ruido ambiental, pero insistió en que el texto del Gobierno introduce nuevos instrumentos tanto de prevención como de corrección del problema. En este sentido, la ley incluye la figura de Reserva de Sonido de Origen Natural, que podrá contar con planes de conservación para mejorar las condiciones acústicas, y prevé además que los defectos de una vivienda para conseguir los objetivos de calidad acústica en el espacio interior deberán ser reparados por el vendedor.
El socialista Víctor Morlán, observó que la ley deja "demasiados cabos sueltos" y que se trata de "papel mojado" debido a su ambigüedad y a la remisión que hace a un posterior desarrollo reglamentario. En el mismo sentido se manifestó Presentación Urán (IU), quien advirtió de las dificultades que conllevará la aplicación de esta ley cuando muchas Comunidades han comenzado a legislar en esta materia, y Jordi Martí confió en que el Gobierno rectifique su posición durante la tramitación parlamentaria del texto para definir y respetar el reparto competencial, y apuntó la posibilidad si no de llevarla al Tribunal Constitucional.
María Teresa de Lara (PP) advirtió de los riesgos que para la salud humana supone la contaminación acústica, y criticó la contradicción del principal grupo de la oposición por urgir al Gobierno por un lado a trasponer las directivas comunitarias y considerar al mismo tiempo "prematuro" haberlo hecho ya con esta norma. Tras el debate, la ministra se refirió a la "multitud" de normas dispersas en ordenanzas locales y autonómicas, y destacó la oportunidad de contar con una norma básica que marque las pautas, defina las diferentes áreas en los mapas de ruido y los planes de acción que es preciso acometer para alcanzar límites de ruido razonables.
Contra el criterio de la oposición, que mantuvo que la ley se remite en exceso al posterior desarrollo del Reglamento, la ministra aseguró que "si hubiéramos detallado más hubieran dicho que era un ley reglamentista", pero aseguró que se trata de una ley muy complicada desde el punto de vista técnico y en debe desarrollarse en un Reglamento.