L D (Agencias)
La proposición de Ley, firmada por todos los grupos políticos, que regula esta nueva figura no verá la luz de forma definitiva por el Congreso hasta el primer pleno del mes de septiembre, según fuentes del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el compromiso del ministro de Justicia, José María Michavila y de los grupos parlamentarios que consensuaron la iniciativa era que entrara en vigor antes de las vacaciones de verano. Incluso en la presentación del acuerdo Michavila sugirió hace meses que podría empezar a aplicarse con la entrada en vigor de los juicios rápidos, el 28 de abril. Por ello, la propuesta se tramitó de urgencia y de forma consensuada, pero finalmente el Senado decidió incluir tres enmiendas que obligan a volver a remitir el texto al Congreso para su aprobación definitiva. El pleno de la Cámara Alta dictaminó la iniciativa el pasado 25 de junio y la remitió a la Cámara Baja, en la que entró el 26 de junio, según confirmaron en el Registro del Congreso.
Las enmiendas del Senado deben ser ratificadas ahora por el pleno del Congreso, pero hasta el momento no se ha producido el debate, a falta de un último pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes y en el que no está prevista su inclusión, dado que es un pleno solicitado por el Gobierno en el que sólo se debaten iniciativas del Ejecutivo. Este retraso ha sorprendido a la representante socialista en la subcomisión que elaboró la propuesta, Micaela Navarro. A su juicio, a pesar de que el pleno del próximo lunes es extraordinario, los temas a tratar son de carácter ordinario y debería haberse introducido el debate de esta iniciativa. "En un año en el que han muerto ya 50 mujeres a causa de la violencia de género, no se puede tramitar esta iniciativa con la urgencia con la que se ha tramitado y luego producir este retraso en el momento final", dijo a Europa Press. Navarro adelantó que estudiarán qué se puede hacer para que la orden de protección entre en vigor inmediatamente y pidió al Ejecutivo que incremente mientras tanto los recursos judiciales y policiales para proteger a las víctimas.
Por su parte, las organizaciones de mujeres criticaron la "operación propagandística" llevado a cabo por el Gobierno en esta materia. "Muchas personas creen que esta orden ya puede solicitarse, porque el Ejecutivo ha dado a entender que era así, incluso con la entrada en vigor de los juicios rápidos", denuncio la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y miembro de la Red de Organizaciones contra la Violencia de Género, Angela Alemani. En cualquier caso, precisó que lo más importante de esta iniciativa no era la urgencia. De hecho, recordó que las asociaciones pidieron una modificación de la iniciativa que permitiera a la policía judicial dictar la orden de protección, que luego debería ser revocada o confirmada por el juez, con el fin de aumentar la inmediatez. "Hubieramos preferido que se retrasara su entrada en vigor, si fuera para mejorar el texto, pero esta propuesta no ha sido incluída", concluyó.
Las enmiendas del Senado deben ser ratificadas ahora por el pleno del Congreso, pero hasta el momento no se ha producido el debate, a falta de un último pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes y en el que no está prevista su inclusión, dado que es un pleno solicitado por el Gobierno en el que sólo se debaten iniciativas del Ejecutivo. Este retraso ha sorprendido a la representante socialista en la subcomisión que elaboró la propuesta, Micaela Navarro. A su juicio, a pesar de que el pleno del próximo lunes es extraordinario, los temas a tratar son de carácter ordinario y debería haberse introducido el debate de esta iniciativa. "En un año en el que han muerto ya 50 mujeres a causa de la violencia de género, no se puede tramitar esta iniciativa con la urgencia con la que se ha tramitado y luego producir este retraso en el momento final", dijo a Europa Press. Navarro adelantó que estudiarán qué se puede hacer para que la orden de protección entre en vigor inmediatamente y pidió al Ejecutivo que incremente mientras tanto los recursos judiciales y policiales para proteger a las víctimas.
Por su parte, las organizaciones de mujeres criticaron la "operación propagandística" llevado a cabo por el Gobierno en esta materia. "Muchas personas creen que esta orden ya puede solicitarse, porque el Ejecutivo ha dado a entender que era así, incluso con la entrada en vigor de los juicios rápidos", denuncio la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y miembro de la Red de Organizaciones contra la Violencia de Género, Angela Alemani. En cualquier caso, precisó que lo más importante de esta iniciativa no era la urgencia. De hecho, recordó que las asociaciones pidieron una modificación de la iniciativa que permitiera a la policía judicial dictar la orden de protección, que luego debería ser revocada o confirmada por el juez, con el fin de aumentar la inmediatez. "Hubieramos preferido que se retrasara su entrada en vigor, si fuera para mejorar el texto, pero esta propuesta no ha sido incluída", concluyó.