(Libertad Digital) El informe considera que con la prohibición, “los gobiernos europeos están contribuyendo a mantener desinformados a los consumidores, impidiéndoles de este modo tomar decisiones responsables que afectan tanto a su propia salud como a su participación en asuntos de trascendencia de la vida pública”. Emilio Alonso, abogado, consideró en la presentación que "en una sociedad en que se van a conceder derechos a los monos, parece natural que traten a los hombres como monos". La economista Raquel Merino, coordinadora del estudio, ha destacado que "quienes tienen más dificultades para informarse por su cuenta, son aquellos que más necesitan esa información; las personas mayores, que no suelen conocer inglés y utilizan Internet mucho menos".
Esa desinformación tiene "efectos devastadores" sobre la salud pública europea, de acuerdo con las conclusiones del estudio "En Defensa del Derecho de Información del Paciente". Los ejemplos recogidos son numerosos: Herceptin, principal medicamento contra el cáncer de pecho, fue introducido en Europa por primera vez hace cinco años. En la actualidad, este fármaco sólo está disponible en el 70 por ciento del continente. Nuevas medicinas para el tratamiento del cáncer, como el Avastin, o Humira, para la artritis reumatoide, o Xolair, para el asma, aún no se han lanzado en la mayoría de los países europeos”.
El caso de la osteoporosis
Pero hay otros ejemplos que consideran "especialmente ilustrativos", como los de “la hipercolesterolemia y la osteoporosis. Las estatinas fueron introducidas hace 15 años para el tratamiento del colesterol y se estima que entre 60.000 y 70.000 vidas son salvadas cada año por este tratamiento, aunque sólo la mitad de europeos que deberían estar recibiendo un tratamiento por estatinas lo está tomando. Si existiera más información entre pacientes y médicos, se podría salvar hasta el doble de vidas que en la actualidad”. Por lo que se refiere a la osteoporosis, enfermedad que afecta a tres millones de personas en España, de las que dos millones y medio son mujeres, sólo el 18 por ciento de los casos están diagnosticados.
La Directiva europea 2001/83/CE, está produciendo una auténtica transformación de la industria europea de la farmacopea, que ha dejado de ocupar una posición de liderazgo a cedérsela a los Estados Unidos. De hecho, “mientras ocho de cada diez nuevos fármacos se desarrollaban en Europa en 1980, hoy, las cifras revelan la situación opuesta: 8 de cada diez se desarrollan en EEUU”. Se está produciendo una deslocalización de la industria farmacéutica europea y “se estima que hay medio millón de los mejores científicos europeos trabajando en América”. Según el informe "todo ello está generando asimismo considerables pérdidas de inversión en el sector farmacéutico y biotecnológico así como un menor creación de empleos cualificados y, lo que es aún peor, la salida de un elevado número de científicos o investigadores (fuga de cerebros), principalmente, con destino a las empresas norteamericanas”.
Fuga de empresas y cerebros
Al respecto, el presidente del Instituto Juan de Mariana y colaborador habitual de Libertad Digital Gabriel Calzada, especificó en la presentación del informe que "La regulación del sector ha llevado a la fuga de empresas y de cerebros a Estados Unidos y la solución que se está discutiendo es subvencionar a los científicos para que vuelvan a Europa", lo que le parece una mala solución para un problema que se debería haber evitado permitiendo una mayor libertad en el ámbito farmacéutico. Alphonse Crespo, médico y director de Investigación del Instituto Constant de Rebecque, declaró ante los medios que "se está creando un régimen jurídico especial para los médicos en el que disfrutamos de menos libertades que el resto de los ciudadanos; esta discriminación por profesión no se diferencia mucho de las que tenían como base la raza o la religión".
En definitiva, de acuerdo con el estudio, “la visión cortoplacista de los dirigentes gubernamentales está lastrando la salud de los ciudadanos españoles y europeos”, según las conclusiones del informe. Y “el reestablecimiento del derecho de los pacientes a ser informados por quienes producen las medicinas tendría claros efectos positivos sobre la salud pública, incrementaría el ritmo de aparición de nuevas medicinas, contribuiría a detener la reducción de inversiones en España y Europa, ayudaría a frenar la fuga de cerebros y devolvería al paciente la libertad que implica la posibilidad de tomar decisiones responsables”.