L D (EFE)
Así lo afirmaron los secretarios generales de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía y de Granada, José Blanco y Antonio Sierra, respectivamente, tras el encuentro que mantuvieron con el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, en el que abordaron la situación de la violencia en las aulas.
Según los representantes sindicales, en la reunión han llegado a tres conclusiones principales, la primera de ellas que el Ministerio Público calificará las agresiones, amenazas e insultos como un delito que podría estar castigado con penas de hasta con cuatro años de prisión, al entender que se producen en el ámbito público.
La Fiscalía también se compromete, precisó CCOO, a investigar cualquier hecho "lo suficientemente documentado y argumentado" cuando se le comunique la existencia de insultos, acosos, amenazas o agresiones, sin necesidad incluso de que se haya presentado una denuncia. Sierra explicó que le han trasmitido al fiscal jefe su preocupación por el hecho de que posibles episodios violentos queden impunes debido a que muchos trabajadores de la educación tienen "un miedo insuperable" y, ante posibles futuras amenazas, no se atreven a denunciar.
Además, el Ministerio Fiscal trabajará en el futuro en la elaboración de un "protocolo de actuación" con la Administración Educativa para establecer los procedimientos a seguir ante posibles situaciones de violencia escolar. Blanco, que se mostró "muy satisfecho" con la reunión ante la "sensibilidad" expuesta por García Calderón, manifestó a los periodistas que desde CCOO también se han comprometido a que cuando tengan pruebas y puedan demostrarse hechos presuntamente delictivos lo comunicarán a la Fiscalía.
Según el sindicato, la violencia escolar también debe ser considerada un modo de siniestralidad laboral en la educación porque los profesores no pueden ir a los centros "con miedo" o sintiéndose amenazados o agredidos. Opinó que, pese a los grandes avances que se habían producido con la Administración Educativa en cuanto a asistencia jurídica a profesorado, tenían "un tema pendiente y una preocupación" por conocer cómo actuaba el fiscal y la Justicia ante este tipo de casos.
Según los representantes sindicales, en la reunión han llegado a tres conclusiones principales, la primera de ellas que el Ministerio Público calificará las agresiones, amenazas e insultos como un delito que podría estar castigado con penas de hasta con cuatro años de prisión, al entender que se producen en el ámbito público.
La Fiscalía también se compromete, precisó CCOO, a investigar cualquier hecho "lo suficientemente documentado y argumentado" cuando se le comunique la existencia de insultos, acosos, amenazas o agresiones, sin necesidad incluso de que se haya presentado una denuncia. Sierra explicó que le han trasmitido al fiscal jefe su preocupación por el hecho de que posibles episodios violentos queden impunes debido a que muchos trabajadores de la educación tienen "un miedo insuperable" y, ante posibles futuras amenazas, no se atreven a denunciar.
Además, el Ministerio Fiscal trabajará en el futuro en la elaboración de un "protocolo de actuación" con la Administración Educativa para establecer los procedimientos a seguir ante posibles situaciones de violencia escolar. Blanco, que se mostró "muy satisfecho" con la reunión ante la "sensibilidad" expuesta por García Calderón, manifestó a los periodistas que desde CCOO también se han comprometido a que cuando tengan pruebas y puedan demostrarse hechos presuntamente delictivos lo comunicarán a la Fiscalía.
Según el sindicato, la violencia escolar también debe ser considerada un modo de siniestralidad laboral en la educación porque los profesores no pueden ir a los centros "con miedo" o sintiéndose amenazados o agredidos. Opinó que, pese a los grandes avances que se habían producido con la Administración Educativa en cuanto a asistencia jurídica a profesorado, tenían "un tema pendiente y una preocupación" por conocer cómo actuaba el fiscal y la Justicia ante este tipo de casos.