L D (Agencias) El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó que "toca y razonablemente" revisar el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en 1979, "hace nada menos que 27 años", porque "plantea problemas de actualización" –"sobre todo a la vista de los espectaculares progresos del derecho Fiscal y Tributario y de su organización en el marco de la UE"– aunque, en este sentido, "conviene no hacer ruido ni distorsionar".
En este punto, López Aguilar, que participó en los "Desayunos Informativos" de Europa Press, se refirió a la exigencia de la UE, que advirtió el pasado mes de diciembre al Gobierno sobre la obligatoriedad de la Iglesia a pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) antes de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia y señaló que "el cauce está señalado" y que ahora hay que "dialogar", un diálogo previsto próximamente entre la Comisión Económica y Financiera de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ministerio de Economía y Hacienda. "Estoy convencido de que se deberán alcanzar acuerdos razonables", añadió.
Revisión a la baja
Por otra parte, preguntado acerca de una posible revisión a la baja sobre lo acordado en 1979, afirmó que el pacto señala "que el horizonte al que aspira la Iglesia es la suficiencia financiera" y que, "por tanto, la definición de la cooperación tributaria es, y así lo reconocen los propios acuerdos, transitoria hasta que ese horizonte no se alcance".
López Aguilar aseveró que el Acuerdo de 1979 se ha cumplido "no ya de manera escrupulosa y religiosa, si me permiten la ironía, sino generosa". "Como todo el mundo sabe –detalló–, se ha ido consolidando una sobrefinanciación en un capítulo muy específico, que es el relativo a la presupuestación inicial de lo que se da en la contribución a través de la cuota del IRPF", fijado en el 0,52 por ciento.
Así, a su juicio, "de lo que se trata simplemente" es de "tener presente" en las conversaciones entre CEE y Economía "que España debe actualizar la coordenada de esa contribución con respecto de compromisos contraídos con posterioridad, pero absolutamente inapelables, desde el punto de vista jurídico, como los que la vinculan con la UE".
Concluyó: "De manera que no creo que la Iglesia esté obligada a apretarse el cinturón, aunque sí imagino que es saludable para todos el administrar los propios recursos con austeridad y en conciencia de que no duran siempre", concluyó el titular de Justicia.