Los arquitectos andaluces denuncian las contrataciones "a dedo" de la Junta

La contratación a dedo ha sido la forma fundamental de constituir el régimen socialista que domina el panorama andaluz desde 1982. Empezaron por la Junta, siguieron por los organismos dependientes y continuaron por las contrataciones y adjudicaciones.

Sin embargo, pocas veces se ha visto que hasta el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos denuncie la situación. Cuenta este miércoles el diario ABC, que "se ha elevado el nivel de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad" por parte de la Junta, hasta el punto de abusar de esta figura en la contratación. La modalidad negociada, tal como recordó el decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, es "un contrato a dedo". En dos años el Consejode Arquitectos ha formalizado cien recursos.

Por ello, puede decirse con toda certeza que a lo largo de estos últimos 28 años se ha favorecido a unos arquitectos y/o empresas sobre otros haciendo que unos consolidaran su posición en el mercado y otros no. 

Los sistemas utilizados para conseguir los "dedazos" son variados: El principal es reducir por troceo o por simulación contratos importantes que exigirían concurso público, publicidad, competencia e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, a contratos cuyo importe sea inferior a 60.000 euros y que no necesitan para su adjudicación de concurso público. No es un procedimiento nuevo por cuanto la Cámara de Cuentas de Andalucía en diversas ocasiones, ha "troceado" un contrato de mayor cuantía en varios expedientes para que no superen los 60.000 euros y así adjudicarlos de forma negociada. 

Pero hay otro procedimiento: la prisa. Se trata de esperar al último momento para realizar un proyecto oficial, con lo cual se justifica que se adjudique por un procedimiento de urgencia, el dedazo. Según los representantes de los arquitectos, estas prisas de la administración pueden proceder de una "falta de eficacia" para programar las inversiones, lo que hace que obra de gran envergadura lleven años paradas y después la quieran concluir en un plazo muy breve. Pero no hay duda de que son estas prisas facilitan el recurso por parte de la Junta a listados de arquitectos, declarados ilegales por la Justicia, o al procedimiento negociado, que suelen justificar las administraciones en la urgencia.

Ahora, tras muchos años de silencio ominoso, los colegios de arquitectos recuerdan que la Ley lo "prohíbe taxativamente", por lo que piden a las administraciones que cumplan la Ley de contratación del sector público.

Por si fuera poco, los Colegios de Arquitectos denuncian además que es imposible conseguir que la Junta dé una cifra sobre los contratos negociados que firma la Junta, especialmente las empresas públicas, ya que, a pesar de haberle requerido esa información, se niegan a facilitársela. Este tipo de práctica oscurantista que permite la impunidad de las fechorías tampoco es nueva.

Continúa ABC diciendo que "la exigencia del cumplimiento de la Ley no sólo se centra en los contratos negociados sino también sobre el grueso de la contratación de la Junta, incluidas sus empresas públicas, aunque también se extiende a las empresas urbanísticas de los ayuntamientos". Por ello, el Consejo ha formalizado cien recursos en dos años contra las administraciones por plantear en sus contratos exigencias que bordean la ley, además de proponerle una serie de medidas para hacerla más transparente.

Ya hay dos sentencias favorables al Consejo de Arquitectos y en contra de dos empresas públicas de la Junta: la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y el Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE). Pero los arquitectos insisten en que estos procedimientos condenados son generalizados en la Junta.

En estos dos casos concretos, se hace referencia a la falta de transparencia y concurrencia en la contratación, por la creación de listas cerradas de arquitectos a los que encargarles obras en años sucesivos. La Justicia ha declarado ilegales estos registros, ya que, según explicaron en el Colegio Andaluz, se convocan sin ningún tipo de publicidad e incluyen criterios, como el haber hecho obras anteriormente para la administración, que impiden concurrir a arquitectos que se incorporan al mercado de trabajo.

La baremación de estas listas cerradas tampoco es pública, por lo que los Colegios también desconocen los criterios para adjudicar las obras a unos arquitectos y no a otros. La sospecha de que estos concursos están amañados para favorecer empresas afines está sobre la mesa, aunque desde el Consejo Andaluz evitan pronunciar esta palabra, concluye ABC.