L D (EFE)
Así lo manifestaron este jueves el presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), Pedro Galindo, y el secretario general de la Confederación Española de Comercio (CECOMA), Ricardo Lage, en una rueda de prensa en la que criticaron que, pese a las promesas por solucionar este "viejo problema", el Gobierno "no lo toca" en el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual que actualmente tramita.
Para protestar por lo que consideran "un abuso" -el hecho de que tengan que pagar por poder escuchar en sus establecimiento programas emitidos en abierto- la FEHR ha decidido protestar con la petición a los propietarios de locales de menos de cien metros cuadrados de que dejen de pagar esta tasa y la oferta de ayuda para la defensa legal, puesto que a estos pequeños empresarios les sale más caro entablar un pleito que afrontar la tarifa.
Galindo afirmó que el anteproyecto que elabora el Gobierno "tiene la virtud de enfadarnos a todos" y a ellos en concreto por no solucionar la "inseguridad jurídica" que les causa la actual ley de 1997, al establecer que deben pagar derechos de autor por la emisión y la transmisión de programas en los comercios, lo que deja vía a libre a la SGAE para entender que puede cobrar una tasa mínima de 2.000 pesetas mensuales (12 euros) por tener una televisión o una radio.
Los hosteleros y comerciantes no se quejan por pagar tasas a los autores por ofrecer servicios especiales como los de vídeo, hilo musical o de programas de pago, pero les parece injusto que deban hacerlo también por disponer de una televisión o una radio desde las que ofrecer programas en abierto, especialmente cuando se trata de pequeños negocios, para los que la Organización Mundial de Comercio ha avalado la exención de esta tarifa.
"Desde el 95, todos los partidos sin excepción han reconocido en el Parlamento, por los menos catorce veces, que existe este problema", dijo Galindo, para apuntar que se han sentido "defraudados" por el Gobierno, a quien piden que la futura legislación cree una comisión de arbitraje que se encargue de establecer estas tarifas, hasta ahora competencia exclusiva de las gestoras de los derechos de autor.
La FEHR, en una nota de prensa, solicita al Gobierno "que acabe con la posición de privilegio de la SGAE" porque "no es la única garante de la cultura" e informa de que la hostelería desembolsa anualmente más de 24 millones de euros por usos de derechos de propiedad intelectual que están sujetos a pago.
Para protestar por lo que consideran "un abuso" -el hecho de que tengan que pagar por poder escuchar en sus establecimiento programas emitidos en abierto- la FEHR ha decidido protestar con la petición a los propietarios de locales de menos de cien metros cuadrados de que dejen de pagar esta tasa y la oferta de ayuda para la defensa legal, puesto que a estos pequeños empresarios les sale más caro entablar un pleito que afrontar la tarifa.
Galindo afirmó que el anteproyecto que elabora el Gobierno "tiene la virtud de enfadarnos a todos" y a ellos en concreto por no solucionar la "inseguridad jurídica" que les causa la actual ley de 1997, al establecer que deben pagar derechos de autor por la emisión y la transmisión de programas en los comercios, lo que deja vía a libre a la SGAE para entender que puede cobrar una tasa mínima de 2.000 pesetas mensuales (12 euros) por tener una televisión o una radio.
Los hosteleros y comerciantes no se quejan por pagar tasas a los autores por ofrecer servicios especiales como los de vídeo, hilo musical o de programas de pago, pero les parece injusto que deban hacerlo también por disponer de una televisión o una radio desde las que ofrecer programas en abierto, especialmente cuando se trata de pequeños negocios, para los que la Organización Mundial de Comercio ha avalado la exención de esta tarifa.
"Desde el 95, todos los partidos sin excepción han reconocido en el Parlamento, por los menos catorce veces, que existe este problema", dijo Galindo, para apuntar que se han sentido "defraudados" por el Gobierno, a quien piden que la futura legislación cree una comisión de arbitraje que se encargue de establecer estas tarifas, hasta ahora competencia exclusiva de las gestoras de los derechos de autor.
La FEHR, en una nota de prensa, solicita al Gobierno "que acabe con la posición de privilegio de la SGAE" porque "no es la única garante de la cultura" e informa de que la hostelería desembolsa anualmente más de 24 millones de euros por usos de derechos de propiedad intelectual que están sujetos a pago.