L D (EFE) El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, tras recordar que en los anteriores procesos de regularización no se exigió el certificado de penales, insistió en que las autoridades van a ser "muy exigentes" a la hora de comprobar la documentación de quienes se van a legalizar para evitar fraudes y falsificaciones y se mostró convencido de que no habrá errores.
Jesús Caldera ha explicado que se ha eliminado el requisito del sello consular, "un trámite internacionalmente exigible", para agilizar los trámites y ahorrar costes a los ciudadanos ecuatorianos. Los inmigrantes podrán validar el certificado de antecedentes penales en su Ministerio de Asuntos Exteriores y se mantienen contactos con las autoridades de Ecuador para que todo el proceso de expedición de documentos se haga sin intermediarios y "refleje exactamente la situación de los antecedentes penales".
Para una garantía mayor, Caldera avanzó la posibilidad de que una brigada policial de Ecuador se desplace a Madrid a raíz de que comience el proceso de regularización, el 7 de febrero, para que, "en conexión con las Fuerzas de Seguridad españolas, se pueda comprobar "in situ" la veracidad de esos antecedentes".