LD (EFE)
Los 36
jueces
, magistrados y secretarios judiciales de
los juzgados de violencia contra la mujer de Barcelona, Madrid y Sevilla
se sienten "indignados y humillados" por las retribuciones y condiciones de trabajo que el Gobierno ha establecido para las guardias.
Estos magistrados y secretarios de los juzgados de Barcelona, Madrid y Sevilla han acordado elevar una queja al CGPJ, a los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda , al Gabinete de la Presidencia así como a la subcomisión para el seguimiento de la Aplicación de la Ley Integral en el Congreso de los Diputados y exigir la "dotación material acorde con las exigencias" de la misma en todos los juzgados.
La titular del Juzgado número 2 de Barcelona contra la violencia doméstica, Paquita Verdejo, ha explicado este viernes que el Gobierno "ha incumplido todo" lo que se establecía en un informe sobre retribuciones y condiciones laborales del Consejo General del Poder Judicial relativo a las guardias en estos Juzgados.
Verdejo ha indicado que le gustaría hablar personalmente con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, que firma la orden ministerial que establece las retribuciones complementarias por servicios de guardia, porque "no puedo creer que apruebe esta situación, cuando ha sido una de las impulsoras" de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
A consecuencia de este incumplimiento del Gobierno, ha señalado, los magistrados de estos juzgados cobrarán prácticamente lo mismo que los funcionarios durante las guardias , una situación que "con el más absoluto respeto a todos los cuerpos de funcionarios, sin cuyo trabajo sería imposible la actividad de los juzgados, considero un menosprecio a mi responsabilidad como magistrada".
La orden 1118/2009 del Ministerio de la Presidencia estipula que las guardias en los juzgados de violencia machista, que son de tres días consecutivos en régimen de pr esencia de 09.00 a 21.00 horas, los magistrados cobren 285,20 euros en total y 55,20 euros cuando se realice en sábados, domingos y festivos.
No obstante, esta cantidad es sustancialmente inferior a la que se pactó en un informe del Consejo General del Poder Judicial, en la que se establecían 450 euros por los tres días de trabajo más un plus en día festivo para los magistrados, "a los que se supone una formación y una responsabilidad", ha remarcado Verdejo.
En un escrito conjunto de denuncia de esta situación los 36 magistrados y secretarios judiciales denuncian que "el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales no han prestado el más mínimo interés a las condiciones de trabajo de los más altos responsables" de estos juzgados, no solamente a nivel retributivo sino también de jornada laboral.
Mientras tanto, el resto de trabajadores ha negociado con el ministerio y las comunidades autónomas con competencias temas relativos a jornada, horarios, descansos y también un complemento de penosidad, a los que los magistrados de los juzgados de violencia de género "parece que no tenemos derecho", ha dicho Verdejo.
Además, reclaman que el pago de las retribuciones "sea acorde con su nivel de responsabilidad y, como mínimo en este momento, en la misma cuantía que tienen los titulares de los Juzgados de Instrucción". También han acordado promover un recurso contencioso administrativo contra la citada Orden Ministerial.
Paquita Verdejo ha considerado que "se aprovechan de la profesionalidad" de los jueces y secretarios que "no desatenderemos a las mujeres en situación de riesgo" y ha precisado que cada día se dictan una media de veinte órdenes de protección
Estos magistrados y secretarios de los juzgados de Barcelona, Madrid y Sevilla han acordado elevar una queja al CGPJ, a los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda , al Gabinete de la Presidencia así como a la subcomisión para el seguimiento de la Aplicación de la Ley Integral en el Congreso de los Diputados y exigir la "dotación material acorde con las exigencias" de la misma en todos los juzgados.
La titular del Juzgado número 2 de Barcelona contra la violencia doméstica, Paquita Verdejo, ha explicado este viernes que el Gobierno "ha incumplido todo" lo que se establecía en un informe sobre retribuciones y condiciones laborales del Consejo General del Poder Judicial relativo a las guardias en estos Juzgados.
Verdejo ha indicado que le gustaría hablar personalmente con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, que firma la orden ministerial que establece las retribuciones complementarias por servicios de guardia, porque "no puedo creer que apruebe esta situación, cuando ha sido una de las impulsoras" de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
A consecuencia de este incumplimiento del Gobierno, ha señalado, los magistrados de estos juzgados cobrarán prácticamente lo mismo que los funcionarios durante las guardias , una situación que "con el más absoluto respeto a todos los cuerpos de funcionarios, sin cuyo trabajo sería imposible la actividad de los juzgados, considero un menosprecio a mi responsabilidad como magistrada".
La orden 1118/2009 del Ministerio de la Presidencia estipula que las guardias en los juzgados de violencia machista, que son de tres días consecutivos en régimen de pr esencia de 09.00 a 21.00 horas, los magistrados cobren 285,20 euros en total y 55,20 euros cuando se realice en sábados, domingos y festivos.
No obstante, esta cantidad es sustancialmente inferior a la que se pactó en un informe del Consejo General del Poder Judicial, en la que se establecían 450 euros por los tres días de trabajo más un plus en día festivo para los magistrados, "a los que se supone una formación y una responsabilidad", ha remarcado Verdejo.
En un escrito conjunto de denuncia de esta situación los 36 magistrados y secretarios judiciales denuncian que "el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales no han prestado el más mínimo interés a las condiciones de trabajo de los más altos responsables" de estos juzgados, no solamente a nivel retributivo sino también de jornada laboral.
Mientras tanto, el resto de trabajadores ha negociado con el ministerio y las comunidades autónomas con competencias temas relativos a jornada, horarios, descansos y también un complemento de penosidad, a los que los magistrados de los juzgados de violencia de género "parece que no tenemos derecho", ha dicho Verdejo.
Además, reclaman que el pago de las retribuciones "sea acorde con su nivel de responsabilidad y, como mínimo en este momento, en la misma cuantía que tienen los titulares de los Juzgados de Instrucción". También han acordado promover un recurso contencioso administrativo contra la citada Orden Ministerial.
Paquita Verdejo ha considerado que "se aprovechan de la profesionalidad" de los jueces y secretarios que "no desatenderemos a las mujeres en situación de riesgo" y ha precisado que cada día se dictan una media de veinte órdenes de protección