Esta es una de las principales conclusiones del "Estudio de políticas tarifarias para usuarios habituales del transporte público" elaborado por el sindicato de CCOO, que pone de manifiesto la necesidad de impulsar políticas sociales de transporte público basadas en una tarificación equitativa para cada colectivo social.
Así, mientras que un estudiante de la Comunidad de Madrid gasta anualmente 336 euros en transporte público, en otras ciudades europeas oscila entre la gratuidad de Bruselas o Viena y los 367 de Londres o los 278 de París. Además, el Consorcio de Transportes de Madrid limita la validez del descuento a los 21 años.
Del mismo modo ocurre en el colectivo de los trabajadores, que en Madrid pueden llegar a los 463 euros de gasto, mientras que en países como Bélgica cuentan con subvenciones de hasta el cien por cien para desplazamientos entre su domicilio y centro de trabajo.
En lo que respecta a los jubilados mayores de sesenta años, discapacitados, parados, viudos y otros colectivos vulnerables, en la casi totalidad de las ciudades estudiadas se ofrecen descuentos o la gratuidad.
La apuesta por un transporte público eficiente redunda en beneficios económicos, según los responsables del sindicato, que cifran en 6.000 euros anuales el gasto de tener un vehículo en propiedad, tres o cuatro veces por encima de lo que cuesta viajar en transporte público.
Ante la situación, CCOO propone cinco nuevas modalidades de abono transporte dirigidas a los diferentes estratos sociales, y que serían válidos para todo el territorio nacional.
Para los trabajadores con movilidad obligada por motivos laborales, propone una un abono que suponga un ahorra del 40% por gasto actual, además de extender la gratuidad hasta los 16 años. El abono joven quedaría ampliado hasta los 30 años, y existiría un abono social para mayores de 60 años, discapacitados, parados, viudos, y colectivos con rentas bajas.
Todas estas medidas estarían encaminadas a reducir el amplio abanico de títulos de transportes existentes en la actualidad, que se rigen por criterios temporales y no aportan el factor de cohesión social necesario.