Murcia presenta ante el Constitucional un recurso contra la derogación del trasvase del Ebro

L D (EFE) Tras la presentación y en declaraciones a los medios de comunicación, Cerdá señaló su deseo de que "el Tribunal Constitucional ponga orden en el desconcierto, enredo e insolidaridad que la decisión del Gobierno central ha producido con la derogación del trasvase".

 

Insistió en que la decisión del Ejecutivo "corresponde a una voluntad política más que a razones jurídicas", ya que en la exposición de motivos del decreto de paralización "no hay ninguna razón técnica, científica, económica o medioambiental para tal derogación". En su opinión, las alternativas propuestas, como las desalinizadoras, no son tales, "y lo único que hacen es quitar lo que hay y dar lo que ya había", porque la desalinización ya estaba contemplada en el Anexo II del PHN. Precisó que la decisión "lo que realmente detrae son los 540 hectómetros que estaban previstos para compensar el déficit hídrico" en Murcia .

 

Cerdá atribuyó la derogación "al compromiso político" del presidente del Gobierno "con los nacionalistas, ERC, la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de Aragón para que le apoyaran en el debate de investidura". A su juicio, el PHN "vertebraba a toda España, beneficiaba a todos y no perjudicaba a nadie" y recordó que en la anterior etapa del Gobierno socialista "se pretendía hacer trece trasvases, movilizar 4.000 hectómetros cúbicos y, concretamente, del Ebro 1.850", cuando "ahora se pretende solamente mil".

 

El recurso de Murcia afirma que la derogación es "un acto de voluntad política, cuya elaboración y fundamentación jurídica es exigua o inexistente. Según el escrito facilitado a los medios "no hay correspondencia entre lo que se deroga y aquello con que se pretende sustituir" y "no se han seguido los trámites establecidos en la Directiva Marco del Agua". Otro de los argumentos es que "el trasvase que se pretende derogar y el PHN en que se integra son el resultado de un amplio y participado proceso de composición de intereses que ha generado un equilibrio real entre ellos", ya que el proceso abarca desde 1993 a 2001 y el PHN cumplió distintas evaluaciones medioambientales.

 

Entre los fundamentos de derecho aportan "la inexistencia de la extraordinaria urgencia y necesidad" de la figura del real decreto y añaden que el Tribunal Constitucional "tiene que velar para que no se haga uso de esta figura de forma abusiva y arbitraria", así como "la vulneración del derecho de participación". Consideran que el real decreto "es contrario al principio de interdicción" que propugna la Constitución, por el que los poderes públicos "deben actuar sometidos a un mínimo de examen crítico en las medidas que se adoptan" y el real decreto "carece de la racionalidad técnica exigible a la preparación de toda norma".

 

Además, subrayan, su contenido "vulnera materialmente la reserva constitucional de ley", al introducirse "en ámbitos vedados al mismo", ya que afecta a instituciones básicas de rango constitucional, "lo que excede de las facultades del Gobierno, al dejar fuera al Senado de toda la tramitación". Cerdá indicó que, además del Tribunal Constitucional, "seguiremos luchando en todas aquellas instancias en las que tengamos eco" y "en Europa vamos a seguir luchando y demostrando que se cumple en todo con la directiva europea". El consejero recordó que la plataforma social convocó una concentración para esta noche en Murcia, que apoya el Gobierno regional, "porque es la sociedad la que reclama este recurso tan vital como es el agua".