L D (Agencias) Dos de los condenados, R.G.J., de 14 años y apodado "Pumuki", y J.R.M.M. de 17 y conocido como "El Ramoncín", habían recurrido la sentencia.
El tribunal impone ocho años de arresto y otros cinco de libertad vigilada a "El Ramoncín" y a R.S.G., alias "El Ramón", de 17 años; y cuatro años de internamiento en régimen cerrado y otros tres en abierto a "Pumuki". A todos ellos les imputa los delitos de detención ilegal, agresión sexual, asesinato y robo con violencia. El fallo de la juez de Menores fue recurrido por las familias de "Pumuki" y de "El Ramoncín", que solicitaron una rebaja de las penas al entender que son "excesivas" -responden al máximo previsto por la Ley del Menor-, que los chavales son "muy jóvenes" y que su intención es reinsertarse en la sociedad.
El primero de ellos decía en su recurso que su declaración autoinculpatoria se produjo "en ausencia de un abogado", vulnerándose así sus derechos. Al parecer, R.G.J. se confesó autor de los hechos que se le imputaban ante un policía que le detuvo por un robo con violencia; sin embargo, la Sala estima que lo que mantuvo con el agente fue una "conversación" y no una declaración, por lo que no era necesaria la asistencia letrada, y añade que aquélla se produjo de forma "espontánea y voluntaria" por parte del muchacho.
Los padres se negaron a recurrir
Además, argumentan los magistrados que al ser preguntado por el crimen "Pumuki" respondió que no le apetecía rememorarlo y que se iba a acordar de ello toda su vida. "Me quedaré con remordimiento toda la vida, pero yo no hice nada", asegura la sentencia que dijo el condenado. En la vista celebrada el pasado día 4 en la Audiencia Provincial para ver su recurso de apelación, la defensa del joven también sostuvo que no existían pruebas para incriminar a su cliente. Por su parte, el otro recurrente, J.R.M.M., alegó que en el fallo de la juez de Menores existe un error de valoración de la prueba, puesto que, según el abogado del chico, éste no participó en la agresión sexual sufrida por Sandra. Sin embargo, tanto un testigo protegido como los otros dos enjuiciados imputaron al recurrente en la violación de la joven. Los padres de R.S.J. se negaron a recurrir la resolución argumentando que su hijo debía responder por los actos que había cometido.
El texto de la Audiencia Provincial, notificado este lunes a las partes, desestima todas las alegaciones realizadas por las defensas y declara probado que los tres menores, en compañía de un mayor de edad, Javier A.L., de 18 años -que será juzgado próximamente por un tribunal ordinario-, capturaron a Sandra en la madrugada del 17 de mayo cuando ésta se encontraba en la Plaza Elíptica esperando el autobús que la llevaría de vuelta a su casa.
La violaron, la atropellaron y la quemaron viva
La joven había salido en compañía de unos amigos y poco antes de montar en el coche de sus asesinos había llamado a sus padres para informarles de que estaba esperando el autobús. Los cuatro individuos montaron a Sandra y a un amigo de ésta en un turismo y, tras dejar al chico en su casa, condujeron a la víctima a una zona descampada situada en el kilómetro 8,200 de la N-401. Allí, la violaron en repetidas ocasiones y después arrancaron el vehículo y la atropellaron una y otra vez hasta que la muchacha quedó inconsciente. Después se dirigieron a una gasolinera, compraron un euro de combustible y, aprovechando el estado en el que se encontraba Sandra, la rociaron y la prendieron fuego. Su cuerpo sin vida fue hallado a las siete de la mañana.
Durante el juicio contra los tres menores, celebrado el 6 de octubre, éstos reconocieron haber participado en los hechos enjuiciados, aunque precisaron que no todos intervinieron en la misma proporción. Además, sostuvieron que actuaron "inducidos" por Francisco Javier A.L., el único mayor de edad, a quien imputaron la muerte de la chica. La causa abierta contra éste último -que se encuentra en prisión provisional- está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Leganés. Los tres menores condenados pueden recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo.