L D (EFE) Según Albarracín, el informe elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo en la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra detenido Villanueva, establece que "funcionarios de seguridad" y la Fiscalía realizaron acciones que pueden ser sancionadas penalmente.
Francisco Javier Villanueva, que lleva residiendo desde hace cuatro años en Bolivia y fue detenido el 28 pasado de abril, se encuentra recluido desde el 7 de mayo en la cárcel de Palmáosla a la espera de ser juzgado por su presunta participación en una banda que asesinó a la fiscal Mónica Von Borries, el 27 de febrero, haciendo explotar su vehículo con dinamita.
"Villanueva fue objeto de una vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que hay aspectos que no han sido aclarados hasta ahora por las autoridades y las órganos de seguridad que operaron en el caso", según el Defensor. Una de las irregularidades detectadas es que no se conoce dónde estuvo el español entre cuatro y seis horas del día de su captura por agentes que no se identificaron como policías, por lo que Villanueva presumía un secuestro.
Según el informe, una versión indica que Villanueva fue detenido cerca de las 17,05 horas locales, después prestaría declaración a las 23,15 horas, aunque otras fuentes indican que eso ocurrió dos horas antes. Entre el lugar de su detención y las oficinas de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Santa Cruz hay una distancia que puede cubrirse en sólo media hora en vehículo, según el informe. "La pregunta es qué aconteció y dónde estuvo (Villanueva) entre cuatro y seis horas. No han explicado hasta ahora las autoridades qué han hecho con ese ciudadano todo este tiempo, en el cual, él además aparece, sin su consentimiento, ante cámaras de televisión donde se autoinculpa de los delitos", dice Albarracín.
El informe del Defensor también recoge informes médicos que certifican la existencia de hematomas en el cuerpo del sevillano para confirmar, según Albarracín, que fue "maltratado físicamente". Ante la justicia, Villanueva denunció que fue torturado para autoinculparse del asesinato de Von Borries, aunque la acusación ha sido negada por parte de la policía boliviana. Según el Defensor, la investigación realizada en Santa Cruz "muestra la transgresión ostensible del ordenamiento jurídico nacional en el cual estuvieron involucrados órganos de seguridad del Estado".
Albarracín recuerda que las leyes bolivianas otorgan garantías constitucionales para que una persona que es detenida no sea torturada, vejada o coaccionada y debe estar acompañada por su abogado desde su captura. "Estos pasos no se han cumplido y por ello es necesario que se establezcan responsabilidades y se individualice a los autores de estos hechos para no dejar nada en la impunidad, ni la muerte de la fiscal Von Borries ni este otro caso de los maltratos que habría recibido el señor Villanueva", señalóa
Al subrayar su deseo de que se aclare el asesinato de la fiscal por considerarlo un crimen de "lesa humanidad", añade que, "muchas veces, so pretexto de investigar un caso, deslegitimamos las acciones a través de operativos que no están avalados por la ley". "Entonces estamos creando vicios de nulidad que posteriormente puede dar lugar a dejar sin efecto, todo lo obrado", opina al insistir en su recomendación a la Fiscalía de indagar sobre los responsables.
En la investigación del crimen de la fiscal boliviana, también fueron detenidos los brasileños Ricardo Borba y Sandro de Carvalho, y se busca al italiano Marco Marino Diodato, señalado como el supuesto jefe de la banda criminal.