En Madrid, una familia descubrió que la cuidadora de una anciana habría realizado compras no autorizadas por valor de 27.700 euros entre enero y septiembre de 2021. El fraude se destapó cuando el hijo de la víctima acogió a su madre en su casa debido a la baja temporal de la empleada y detectó varios mensajes de su banco que le alertaron de movimientos sospechosos en las cuentas de su progenitora.
Tras revisar los extractos bancarios, el hombre descubrió hasta 719 transacciones sospechosas. La trabajadora tenía acceso a las tarjetas de la anciana para realizar compras de alimentos, medicamentos y productos básicos. Sin embargo, el uso de las tarjetas reflejaba gastos que poco tenían que ver con las necesidades de su madre. En la vivienda también residía el hermano de la cuidadora, llegado recientemente de Venezuela.
Una confesión inesperada
El hijo de la víctima contactó con la cuidadora a través de WhatsApp para pedir explicaciones. Preguntó por una compra de 95 euros en una tienda de zapatillas deportivas. La empleada justificó el gasto asegurando que había sido un "regalo" de la anciana y que esta le pidió discreción. "Salir con tu madre es un sin parar", llegó a escribir la mujer. Sin embargo, ante la insistencia del hijo y la imposibilidad de justificar las compras, acabó confesando: "He abusado de la confianza de la señora y es mi culpa y lo acepto".
El contrato laboral fue rescindido y la familia interpuso una denuncia contra la cuidadora y su hermano. La investigación reveló el alcance del fraude. Solo en abril de 2021, la cuidadora gastó en El Corte Inglés cerca de 600 euros en zapatillas, ropa, perfumes y productos de cosmética. En mayo, la cifra ascendió a 984 euros, y en julio, superó los 1.400 euros en este mismo establecimiento. La lista de gastos incluye servicios de pedicura y manicura, muebles, pasteles, comidas a domicilio, productos electrónicos y servicios de taxi. Varios de estos gastos estaban avalados por tickets firmados por la denunciada.
Un acuerdo roto y sin solución
En un intento por solventar el conflicto, denunciantes y denunciados firmaron un acuerdo a finales de 2021. La cuidadora y su hermano se comprometieron a devolver el dinero en cuotas mensuales, mientras que la familia prometió retirar la denuncia. Tras un primer pago de 5.000 euros y algunas cuotas iniciales, los acusados dejaron de cumplir su parte del trato.
La defensa alegó que la familia también había incumplido, al no retirar la denuncia, y justificó que la trabajadora tenía "permiso y autorización para realizar las compras necesarias de la denunciante". Sin embargo, reconocieron que "podría ser objeto de reproche desde una perspectiva moral" la adquisición de productos no comunicados a la anciana.
El caso se complicó cuando los acusados dejaron de ser localizables y no pudieron ser interrogados. Además, por problemas técnicos, no se pudo realizar el análisis de la información bancaria remitida por las entidades. Esto llevó a que, a finales de 2024, se archivara la causa por no poder prorrogar más los plazos de instrucción y no contar con pruebas suficientes para acreditar un delito de estafa. El caso ha sido derivado a la vía civil.