El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha destapado un fraude que se prolongó durante más de tres lustros. Una mujer ha sido descubierta tras fingir durante dieciséis años una incapacidad permanente absoluta por pérdida del habla, con el único objetivo de percibir una pensión. Fue un detective privado, contratado por la mutua laboral, quien desveló el engaño, según ha informado El Periódico. La justicia andaluza ha dado por válidas las pruebas aportadas, ha remitido el caso a la Fiscalía y deja la puerta abierta a la recuperación de las cantidades indebidamente cobradas.
Todo comenzó en 2003, cuando la mujer, que trabajaba como cajera en un supermercado, sufrió un altercado con una clienta. Según su versión, aquel episodio le provocó un cuadro psicótico que derivó en una supuesta pérdida del habla. A partir de entonces, fue declarada en situación de incapacidad permanente absoluta, lo que le permitió acceder a una pensión sufragada por la mutua correspondiente.
Incongruencias en el historial médico
Las primeras sospechas surgieron años después. La mutua, encargada del abono de la prestación por considerarse un accidente laboral, decidió revisar el caso ante ciertas inconsistencias. En 2009, los informes médicos ya no reflejaban limitaciones comunicativas ni alteraciones de conducta, pese a que la mujer continuaba visitando a distintos especialistas, entre ellos un oftalmólogo, un dermatólogo y un traumatólogo. Aun así, no se detectó ninguna dolencia que justificara su incapacidad para hablar.
Ante las dudas, la mutua encargó un seguimiento a un detective privado. El informe resultó determinante: la mujer mantenía una vida completamente normal y hablaba con total fluidez. Según recoge la sentencia del TSJA, "se relaciona y conversa con normalidad con las personas de su entorno, lleva a su hija al colegio donde conversa con las demás madres, habla por su teléfono móvil, acude a comercios y conversa con normalidad con sus acompañantes". El propio investigador llegó a pedirle una dirección en plena calle y comprobó que respondía con total soltura.
La defensa alega vulneración de derechos
Ante estas pruebas, la mujer recurrió. Argumentó que la actuación del detective privado constituía una "clara vulneración de los derechos constitucionales", por lo que solicitó que las pruebas fuesen anuladas por atentar contra su intimidad y su derecho a la defensa. Sin embargo, el TSJA rechazó sus alegaciones, avalando tanto la legalidad del seguimiento como la validez del informe.
"Ha quedado acreditado una simulación del cuadro de pseudomutismo, o al menos una progresión o evolución muy favorable de tal cuadro pues ha desaparecido la sintomatología inhibida", señalan los magistrados. Por ello, han trasladado el caso al Ministerio Fiscal para que valore si los hechos pudieran constituir un delito contra la Seguridad Social.
El tribunal ha abierto también una causa paralela para valorar la posible imposición de una sanción por temeridad procesal y deja en manos de la Seguridad Social la decisión sobre si reclamar la devolución de las cantidades cobradas durante los dieciséis años que duró el engaño.