La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a introducir ilegalmente carne de ganado ovino y caprino a través de mataderos clandestinos en Madrid, Toledo y Ávila. En la operación, denominada con el nombre Pox, han sido detenidas cinco personas, mientras que otras doce están siendo investigadas por delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Sin embargo, no se descartan nuevas imputaciones.
Durante el operativo se han inspeccionado nueve restaurantes –cuatro de los cuales han sido clausurados como medida cautelar– y se llevaron a cabo siete registros: cuatro en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos ilegales. Asimismo, se han intervenido 10.000 euros en efectivo, documentación, crotales, instrumental de sacrificio animal, medicamentos veterinarios y dispositivos electrónicos.
Sacrificios ilegales y condiciones extremas
Más de 350 animales han sido sacrificados tras ser hallados en estados extremos de desnutrición, enfermedades y malformaciones irreversibles. Incluso en algunos de los mataderos, se encontraron ovejas conviviendo con cadáveres de otros animales, cabras heridas, sin comida ni atención veterinaria, y sin condiciones mínimas de salubridad.
El núcleo de la operación estaba en una explotación clandestina en Toledo, no registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), lo que hacía ilegal cualquier entrada o salida de animales. Desde allí, los implicados transportaban el ganado en condiciones irregulares, usando documentación falsificada para aparentar legalidad.
Algunos animales eran enviados a un matadero autorizado en Ávila, donde se mezclaba la actividad legal con la fraudulenta. El resto terminaba en un matadero clandestino en San Fernando de Henares, en Madrid, donde se realizaban los sacrificios sin control sanitario ni las medidas pertinentes por la normativa de bienestar animal.
Carne ilegal en restaurantes y domicilios
La carne obtenida se distribuía en restaurantes, sobre todo en el distrito de Usera y en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, que la ofrecían en sus cartas o a través de plataformas de reparto a domicilio. También se vendía directamente a particulares, sin ningún tipo de trazabilidad ni inspección veterinaria.
Uno de los detenidos se encargaba de sacrificar a los animales y distribuir la carne de forma directa. Incluso se ha comprobado que algunos clientes acudían personalmente al matadero de San Fernando para elegir un animal y sacrificarlo allí ellos mismos.
Por otro lado, la organización funcionaba como una estructura criminal jerarquizada, con roles definidos y coordinados para evitar los controles oficiales y maximizar los beneficios económicos. Entre sus prácticas fraudulentas se incluyen pagos en "B", facturación por debajo del precio real del ganado y evasión fiscal, lo que también ha motivado acusaciones a los detenidos por blanqueo de capitales.
Peligro para la salud pública
Los movimientos ilegales de ganado representaban un grave riesgo sanitario, especialmente por la amenaza de enfermedades como la viruela ovina-caprina. Además del grave peligro para la salud pública, la venta de carne sin control vulnera las normas básicas de seguridad alimentaria y amenaza gravemente el sistema legal de producción cárnica.
Debido a la complejidad del caso, se ha requerido la colaboración de Europol y diversas unidades de la Guardia Civil (UCOMA, SEPRONA), así como de la Policía Municipal de Madrid y autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.
Los detenidos —de nacionalidades española, china, senegalesa y magrebí— podrían enfrentarse a penas de hasta 15 años de prisión, además de cuantiosas multas, inhabilitaciones profesionales y responsabilidades civiles.