Han pasado casi diez años desde que un tribunal del estado de Oklahoma se enfrentó a uno de los episodios familiares más desconcertantes de su historia reciente. En 2016, una mujer fue detenida junto a su hija biológica por haber contraído matrimonio con ella, apenas ocho años después de haber formalizado otra unión con su hijo, también biológico, que tenía entonces 18 años. El enlace fue anulado en 2010, cuando el joven solicitó la nulidad tras descubrir que se había casado con su madre.
Antecedente olvidado
En 2014, la mujer recuperó el contacto con su hija, de la que había perdido la custodia años antes. Dos años después, en 2016, ambas contrajeron matrimonio en el condado de Comanche, después de la entrada en vigor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado. Para solicitar la licencia, la madre utilizó un nombre falso —Patricia Ann Clayton—, alegando posteriormente que creía que el enlace era legal debido a que no figuraba como progenitora en el certificado de nacimiento de su hija.
Durante la investigación, la mujer afirmó ante las autoridades del Departamento de Servicios Humanos que había consultado la legalidad del matrimonio antes de proceder. Su hija, sin embargo, sostuvo que fue engañada y que su madre le aseguró que varios abogados le habían confirmado la validez del enlace.
Ambas fueron detenidas y trasladadas a la cárcel del condado de Stephens, en Duncan, bajo una fianza de 10.000 dólares cada una. La acusación se basó en la legislación estatal que tipifica como incesto cualquier matrimonio entre familiares directos, independientemente de si existe o no contacto sexual.
Matrimonio descubierto por casualidad
El vínculo fue descubierto de forma fortuita, durante una inspección relacionada con el bienestar infantil. A partir de ahí se abrió una investigación que llevó a la imputación por incesto. La hija se declaró culpable y fue condenada a diez años de libertad condicional, además de someterse a tratamiento psicológico. La madre, por su parte, recibió una pena de dos años de prisión, ocho más de libertad condicional y la obligación de inscribirse en el registro de delincuentes sexuales.