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Desarticulan una trama que vendía carburante adulterado en gasolineras 'low cost' del Levante

El operativo se ha saldado con 18 detenidos, 14 investigados y 40 empresas vinculadas al entramado fraudulento.

El operativo se ha saldado con 18 detenidos, 14 investigados y 40 empresas vinculadas al entramado fraudulento.
Precios del combustible en una gasolinera. | Pixabay/CC/JirkaF

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir carburante adulterado en gasolineras de bajo coste del Levante español, con un balance de 18 personas detenidas, 14 investigadas y 40 empresas vinculadas a la trama.

Las pesquisas comenzaron en 2023 tras las quejas de vecinos de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), por el continuo movimiento de camiones cisterna en la zona. La investigación permitió descubrir un gasocentro irregular en el que se manipulaban y almacenaban grandes cantidades de combustible de manera fraudulenta. En el registro de estas instalaciones, los agentes incautaron más de 70.000 litros de gasóleo, además de maquinaria y depósitos empleados en la adulteración.

Los investigadores localizaron posteriormente otros dos puntos clandestinos de almacenamiento y manipulación en Abanilla (Murcia) y en Silla (Valencia), que operaban de forma similar.

Procedencia y fraude fiscal

El combustible que abastecía a esta red procedía de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Era declarado de manera fraudulenta como aceites y lubricantes con el objetivo de eludir el Impuesto Especial de Hidrocarburos, el IVA y el Impuesto de Sociedades. Según el informe oficial, esta práctica generaba un grave perjuicio económico tanto a España como al resto de Estados miembros de la Unión Europea.

Durante la manipulación, el carburante se mezclaba con otros componentes, entre ellos triacetina, una sustancia que no está autorizada para su uso en gasóleo de automoción.

La organización se apoyaba en una red de 40 empresas vinculadas al entramado, con sede en las provincias de Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Valencia, Barcelona, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona. Parte de estas sociedades estaban constituidas a nombre de "testaferros en situación económica precaria", que prestaban sus datos a cambio de dinero para crear cuentas bancarias y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Entre los 18 detenidos se encuentra un conductor de camiones imputado por 26 delitos contra la seguridad vial, al transportar mercancías peligrosas sin disponer del permiso de conducción en vigor.

A los arrestados se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude fiscal, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal.

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