El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado una auditoría general de todo el sector público valenciano para poner fin al "malgasto y descontrol" que ha caracterizado la época del Gobierno del Botànic, según ponen de manifiesto todos los informes técnicos.
"Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic", ha aseverado Mazón tras desvelar que la Intervención de la Generalidad cifra en un total de 253.122 los contratos adjudicados "a dedo" por importe de 713 millones de euros en los últimos cuatro años: 554 millones en gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación y 159 millones en contratos menores.
El presidente regional ha calificado de "crítica" la situación del conjunto de empresas, entidades y organismos públicos con la existencia de contrataciones irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, además de retribuciones a directivos y trabajadores.
Ante esta situación, el Mazón ha comparecido en el Palacio de la Generalidad para avanzar que encargará una auditoría general del sector público durante 2024. Esta tendrá dos pilares de actuación: una auditoría 'forensic' para saber "dónde ha ido cada euro", y detectar posibles casos de fraude y gasto descontrolado que realizarán "los mejores profesionales"; y una auditoría operativa a partir del primer trimestre de este año para poner de manifiesto "duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades".
Junto a esta medida, Mazón ha anunciado que en breve el Consejo aprobará el inicio del expediente para llevar a Las Cortes Valencianas un proyecto de ley para eliminar seis ‘empresas fantasma’ que el Botànic "fue incapaz de poner en funcionamiento" y que cuyas funciones que ya desempeñan distintas direcciones generales de la Comunidad.
En concreto, se trata de la Agencia Valenciana de la Energía, "cuyas funciones ya realiza la dirección general de Energía del IVACE"; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, "labor que desempeña la dirección general de las TIC"; la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, "que ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria y de Producción Agrícola y Ganadera"; la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, "cuya función realiza la empresa pública VAERSA"; la Agencia Valenciana Cambio Climático, "labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental", y la Escuela Valenciana de Administración Pública "que desarrolla la dirección general de Función Pública".
"Mucho ocultismo"
Carlos Mazón ha defendido que la auditoría es necesaria ante los informes técnicos, "que no políticos", que certifican la situación de "malgasto y descontrol" y "mucho ocultismo", y que el el objetivo es "terminar con el gobierno más caro de la historia"."Se ha acabado malgastar el dinero público. Les vamos a contar toda la verdad a los valencianos".
De hecho, ha explicado que los informes de la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalidad ponen de manifiesto que "el gobierno de PSPV, Compromís y Podemos se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad". En cifras, ha indicado que solo cuatro de las 54 entidades del sector público han recibido una valoración positiva en estos informes, con lo que "el 92% no realiza los procedimientos de contratación pública conforme a la ley".
Otros datos que ha expuesto Mazón son que la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el Botànic o que el gasto en personal de estas empresas "se disparó un 47%" de 400 millones de euros en 2015 a casi 600 millones, "y todo ello en muchos casos sin la autorización de la dirección de Presupuestos". Solo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones. Así, por ejemplo, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, SGISE, "controlada por el PSPV, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28-M. "
En el área de tesorería, ha advertido que "el descontrol es evidente" al detectarse en 22 de las 48 entidades sujetas a este tipo de verificación un "riesgo alto" en los controles de pago, "produciéndose pagos sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente". "¿Sabía el Botànic a quién le hacía transferencias?".