En medio de la vorágine de la trama de corrupción del PSOE, un nuevo nombre sale a la palestra. El que fuera el presidente más ‘derrochador’ de la Generalidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, concedió varios contratos públicos a Levantina Ingeniería y Construcciones, una constructora vinculada al caso Koldo. Y a fin de conocer el verdadero alcance de la trama en su ramificación valenciana, el Grupo Parlamentario Popular va a solicitar todos los contratos los contratos firmados por el Ejecutivo de Puig durante la pandemia "para comprar material sanitario con empresas fantasmas".
Así lo ha anunciado el diputado del PP en Las Cortes valencianas, Miguel Barrachina, tras conocer que el Gobierno del Botánic contrató en el peor momento de la pandemia hasta 11 millones de euros con empresas que antes no tenían actividad y que después también dejaron de tenerla.
Barrachina ha explicado que "la única actividad de esta empresa fantasma se reduce a lucrase durante la pandemia, siendo intermediarios de los contratos del Consell de Puig" y ha afirmado que el expresidente de la Generalidad "se convierte en el perejil de todas las salsas cuando hay presuntas irregularidades".
El representante ‘popular’ ha recordado que "en Morella, Puig pagaba a su hermano cientos de facturas sin ningún contrato o del caso Koldo que se reunía con empresarios que luego resultaban adjudicatarios por parte del Gobierno de Puig".
Además, ha asegurado que ya en enero de 2023, el Grupo Parlamentario Popular llevo a la Agencia Antifraude contratos hechos por el Botánic durante la pandemia y que fue este quien destapó y denunció el Caso Francís Puig, que supuso la imputación del hermano del Puig por "no justificar adecuadamente las cuantiosas subvenciones que le otorgaba el Consejo de Puig a las empresas del imputado".
"Las familias no llegaban a fin de mes, pero empresas fantasmas hacían caja a su costa y Puig más preocupado por su salida y la de los suyos que por hacer bien las cosas", ha declarado. En este contexto de depurar irregularidades, Barrachina ha recordado que ya hay una auditoria y una comisión de investigación "para llegar hasta el fondo y saber qué ha ocurrido" en la contratación del sector público empresarial valenciano durante los años de Gobierno de Ximo Puig.
"Malgasto y descontrol"
El actual presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció el pasado mes de enero la auditoría general de todo el sector público valenciano que se llevaría a cabo para poner fin al "malgasto y descontrol" que caracterizó a su antecesor al cargo de la comunidad.
La Intervención de la Generalidad cifra en un total de 253.122 los contratos adjudicados "a dedo" por importe de 713 millones de euros en los últimos cuatro años: 554 millones en gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación y 159 millones en contratos menores.
Durante el Botánic, el sector público se incrementó en un 35% y el gasto en personal de estas empresas se disparó un 47% de 400 millones de euros en 2015 a casi 600 millones, "y todo ello en muchos casos sin la autorización de la dirección de Presupuestos. Solo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones.