La Policía Nacional ha liberado a 23 víctimas de explotación sexual a las que engañaron con un futuro trabajo en salones de belleza en un total de seis provincias, y ha detenido a ocho personas, dos de ellas en Alcoy (Alicante) acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, entre otros.
En el marco del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, la operación ha puesto al descubierto una red criminal que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de sus víctimas, una de ellas con discapacidad intelectual, después de que las engañaran diciendo que tendrían otro tipo de trabajo o bajo condiciones muy diferentes, según ha remitido el cuerpo.
La investigación ha culminado con la liberación de 23 víctimas de explotación sexual en las ciudades de Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real. Por otra parte, y ocho personas detenidas en las localidades de Úbeda, Alcoy, Guadalajara, Lugo y Ciudad Real, por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
También se han realizado diez entradas y registros en las ciudades de Alcoy, Úbeda, Alcalá de Henares, Lugo, Ciudad Real y Guadalajara. Se han intervenido teléfonos móviles, más de 5.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes tales como cocaína y 'tusi', así como documentación relacionada con la investigación.
Encima de palés, sin somier ni colchón
La organización captaba a sus víctimas encontrándose en España en situación irregular o en origen, fundamentalmente Colombia, a través de personas que conocían, familiares o compatriotas. Las que entraban en España lo hacían a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona. Los implicados las engañaban ofreciéndoles un trabajo diferente, en el sector de salones de belleza o cuidado de ancianos, o bajo condiciones muy diferentes a las que finalmente las forzaban a someterse.
Los proxenetas eran quienes contactaban con los clientes a través de páginas web y convenían todos los servicios sexuales. Las víctimas no podían rechazarlos y se les obligaba a pagar a la organización aún más dinero en concepto de abono por realizar estas gestiones.
La red criminal obligaba a las víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, dificultando la detección de su actividad delictiva. Las mujeres eran controladas con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde eran explotaban. Además, las víctimas tenían que abonar a los miembros de la organización el 50% de cada servicio sexual. Además, debían anotar cada uno de estos servicios en cuadernos y eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón y aunque se sintieran indispuestas.
Los detenidos compraban sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes. Fruto de la investigación se ha dado a conocer que la máxima responsable de la red adquirió múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España, e incluso en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.