La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han cerrado filas en torno a la urgente necesidad de abordar la reforma de la financiación autonómica durante el encuentro de trabajo celebrado este martes entre la consejera de Hacienda, Ruth Merino, y el consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, en el que han analizado las principales reivindicaciones comunes sobre la reforma de este modelo.
En la reunión se ha puesto de manifiesto que el actual modelo de financiación, caducado desde hace diez años, debe ser sustituido por un modelo "justo, equitativo y suficiente" en el que se reduzcan las diferencias que existen entre las regiones mejor y peor financiadas. En este sentido, cabe recordar que ambas comunidades se mantienen desde hace años a la cola en financiación por habitante ajustado, muy por debajo de la media de comunidades de régimen común.
Ruth Merino y Luis Alberto Marín han exigido de manera conjunta al Ministerio de Hacienda que actualice los importes de las entregas a cuenta de 2024 y que pague las cantidades que están dejando de recibir las Comunidades Autónomas por esta falta de actualización.
En el caso de la Comunidad Valenciana, el desfase entre los importes que se les comunicaron a las comunidades autónomas en diciembre y lo que el Ministerio les está ingresando cada mes acumula ya una deuda de 450 millones de euros hasta este mes de mayo. Para la Región de Murcia, la cantidad pendiente asciende a 120 millones de euros.
"Solo en lo que va de año, el Gobierno de España ya les debe a los valencianos 1.000 millones de euros; cantidad que se exige no para ser más que nadie, sino para no ser menos", ha denunciado Merino para cuantificar tanto el mencionado perjuicio que supone la no actualización de las entregas a cuenta de 2024, como la infrafinanciación que arrastra la Comunidad Valenciana desde hace años respecto a la media de comunidades autónomas.
Por ello, los responsables de Hacienda autonómicos reclaman al Gobierno central que proceda a actualizar de manera inmediata las entregas a cuenta de 2024 mediante un Real Decreto-Ley, tal y como se hizo en 2019 en un precedente similar.
Condonación de la deuda
Otra de las reivindicaciones planteadas en el encuentro de este martes en Valencia hace referencia a la deuda generada por el actual sistema de financiación autonómica. En el caso de la Comunidad Valenciana, según el informe de los expertos de la Comisión Consejo-Cortes, el 78% de la deuda actual es consecuencia directa de la infrafinanciación. En el caso de la Región de Murcia, un informe del IVIE cifra en 95,5% el porcentaje de deuda generado por las insuficiencias del sistema de financiación.
"La deuda de la Comunidad Valenciana derivada por todos los componentes de la infrafinanciación se eleva a 43.000 millones de euros. Es prioritario que el Gobierno aborde esta cuestión para garantizar la sostenibilidad financiera de las autonomías y que lo haga de forma necesariamente vinculada a la reforma de la financiación autonómica", ha defendido Ruth Merino.
7.128 millones para igualar la Comunidad al resto de autonomías
Ante la falta de voluntad del Gobierno central para cambiar el modelo de financiación, los consejeros de Hacienda de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han hecho hincapié en la necesidad de implantar un Fondo Transitorio de Nivelación para las comunidades infrafinanciadas mientras siga sin abordarse la reforma pendiente del sistema de financiación.
La consejera de Hacienda ha lamentado que la renuncia del Gobierno central a elaborar los PGE de 2024 haya supuesto de entrada cerrar esa puerta, pero ha recordado que, tanto la aprobación de una transferencia para igualar a la media a las comunidades infrafinanciadas, como la actualización de las entregas a cuenta de este año podrían aprobarse por Real Decreto-ley. "Por tanto, es meramente una cuestión de voluntad política del Gobierno de Sánchez", ha añadido la consejera valenciana.
En el caso de la Comunidad Valenciana, y según un estudio elaborado por la Comisión de Expertos en financiación autonómica nombrada por Las Cortes, este fondo de nivelación debería ser de 7.128 millones de euros en total para el conjunto de la legislatura, lo que de media supone 1.782 millones de euros al año.