La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha acordado prorrogar la investigación contra la exvicepresidenta y exconsejera valenciana Mónica Oltra y la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, Carmen Fenollosa Egea por presuntos delitos de detención ilegal, prevaricación, obstrucción a la Justicia y desobediencia grave a la autoridad.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón investiga en este procedimiento el caso de una bebé tutelada por la Generalidad Valenciana cuya madre y abuelos paternos reclaman su custodia y el ente público dio en acogida a una pareja homosexual. En la causa está personada como acusación popular la asociación Gobierna-te que preside Cristina Seguí.
En un auto de 10 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial de Castellón acuerda la prórroga de la investigación por 6 meses y señala que "no cabe duda, que en este supuesto en concreto, la instrucción de la causa se ha ido prorrogando, como consecuencia lógica de la complejidad de la misma. Sin embargo, cuando se dictó el auto de fecha 16 de marzo de 2024, restaban diligencias por practicar, y que eran las declaraciones de los investigados, sobre las que se había admitido la querella, a través de ampliaciones a la misma".
"Esta Sala no dispone de la totalidad de la causa, por lo que tiene un conocimiento limitado sobre la misma, y las actuaciones concretas que se han llevado a cabo, pero el auto de fecha 16 de marzo de 2024 tuvo que ser un auto de ampliación de la prórroga establecida, al menos, por un periodo de otros seis meses", añade.
"También parece que, con el auto de fecha 16 de marzo de 2024, se esté acordando el sobreseimiento de la causa respecto a una serie de querellados al entenderse que no procede su declaración como investigados, con las dificultades procesales que ello implica, al apuntar dicha cuestión en un auto de prórroga de la instrucción. La prórroga, o no, de la instrucción, es una garantía procesal para todas las partes en el procedimiento, para un efectivo control de la causa por el Instructor, y para que los plazos procesales no se eternicen sin ningún tipo de razón", subraya.
"El artículo 324 LECrim delimita el marco temporal de adquisición de las diligencias de investigación y la temporalidad que impone dicho precepto constituye, por un lado, una condición de validez de la actuación indagatoria y, por otro, una regla de prohibición de adquisición de información sumarial y su incumplimiento debe considerarse causa de anulación y pérdida de eficacia de la diligencia instructora intempestiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", apunta el auto.
"En consecuencia, la información sumarial contenida en las diligencias practicadas fuera de plazo no puede ser utilizada para fundar la decisión de prosecución del artículo 779.4 LECrim. La finalidad de estos plazos es que ningún ciudadano quede cuestionado en su presunción de inocencia y sometido a proceso de investigación indefinido, inagotable y temporalmente irrazonable para una sociedad democrática, y transcurridos los plazos máximos y sus prórrogas la Jueza de Instrucción se ve compelida a concluir la fase de instrucción acordando alguna de las resoluciones que se contemplan para el Procedimiento Abreviado en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", concluye.
Cabe destacar que la Fiscalía valenciana de delitos de Odio acusó a la propia Cristina Seguí por este caso de tres delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual por aportar datos sobre la menor afectada.
El caso del exmarido
Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia dictó el pasado mes de septiembre un auto en el que rechazaba cinco recursos y confirmaba el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalidad y exconsejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y otros ex altos cargos de ese departamento por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, educador social.