La Fiscalía Provincial de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. La denuncia, impulsada por la plataforma Tu pueblo y el mío, pretendía imputar al prelado un presunto delito de odio por sus declaraciones sobre la visión cristiana de la sexualidad. El cierre de la causa supone un revés para los sectores que buscan judicializar el discurso religioso en España.
Un mensaje contra el «liberticidio»
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Munilla ha ofrecido su lectura de los hechos, enmarcando el episodio dentro de una estrategia de presión más amplia contra la Iglesia. A través de sus redes sociales, el obispo ha señalado que la denuncia carecía de fundamento jurídico y que su objetivo real era «amedrentar a la Iglesia» para imponer una «antropología de Estado» contraria a la libertad de conciencia.
Críticas mediáticas y sensación de persecución
Munilla ha calificado de «auténtico liberticidio» el intento de impedir que la Iglesia acompañe espiritualmente a personas que, de manera libre, solicitan ayuda para vivir la castidad. En este sentido, sostiene que el concepto de «terapia de conversión» es un «constructo ideológico» empleado para silenciar el mensaje cristiano en el espacio público.
El pasado 19 de noviembre saltó a la prensa la noticia que comparto (primera imagen). Ahora he recibido la comunicación de la Fiscalía que también adjunto (segunda imagen), en la que se me informa de que, efectivamente, una asociación había presentado una denuncia contra mí y de… pic.twitter.com/XoUs7bisiT
— Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) January 26, 2026
La denuncia y el silencio posterior
La denuncia fue presentada por Lucas López Moreno, presidente nacional de la Plataforma Ciudadana Tu Pueblo y el Mío, quien en noviembre defendió activamente en redes sociales que la apertura de diligencias constituía una investigación penal seria y no un mero interés mediático. López Moreno acusó entonces a Munilla de estigmatizar la homosexualidad y de legitimar prácticas supuestamente prohibidas por la ley, negando cualquier tipo de persecución religiosa.
Sin embargo, tras el archivo de la causa al no apreciarse indicios de delito, el dirigente no ha realizado rectificación pública ni ha otorgado al cierre del procedimiento la misma difusión que tuvo la acusación inicial.