Las cuentas públicas del Estado en el primer semestre de 2009 confirmaron el dato avanzado por Libertad Digital. El Gobierno está gastando casi el doble de lo que ingresa. Como resultado, España registrará uno de los déficits públicos más elevados de la OCDE.

En este sentido, la agencia de calificación de riesgos Fitch estima que el desajuste presupuestario superará el 10% del PIB en 2009. Además, pronostica que el Ejecutivo no podrá cumplir su compromiso de reducir la brecha al 3% del PIB en 2012 (déficit máximo permitido por la UE), tal y como anunció la ministra de Economía, Elena Salgado.

El Gobierno español ha abrazado el gasto público como única medida posible para tratar de combatir la crisis económica, con el fin de estimular la demanda y mantener artificialmente el empleo a través de su plan estrella: el Plan E. Sin embargo, el desplome de los ingresos fiscales y el excesivo gasto del Gobierno se está traduciendo en un creciente déficit en las cuentas públicas. En concreto, el primer semestre del año se cierra con un agujero del 3,64% del PIB anual. Es decir, 38.607 millones de euros.

Los ingresos fiscales caen un 25%

"Los ingresos impositivos se han reducido en nada menos que una cuarta parte con respecto al primer semestre de 2008 (un 19% los impuestos directos y un 27% los impuestos indirectos). Esta caída ha incrementado su velocidad en junio, con una caída del 46,8% de los ingresos y con una reducción del IVA del 92% en términos de caja", tal y como destaca María Jesús Valdemoros, profesora asociada de Economía Española en la Universidad Carlos III en Madrid.

"La labor que espera a los responsables de Hacienda es de auténtico encaje de bolillos", advierte. Sin embargo, los datos muestran que el desajuste presupuestario avanza a un ritmo inédito en las últimas décadas. Así, tal y como expone RandomSpaniard, durante las peores etapas de la crisis de la primera mitad de los años 90 (93-95), el déficit del Estado no llegó a superar el 24% de su gasto en ningún semestre. La cifra del último semestre de 2008 (un 27%) ya sobrepasaba esa cifra, pero la del primer semestre de 2009 la "pulveriza", ya que alcanza el 45% del gasto estatal.

Como consecuencia, la deuda pública también crece a un fuerte ritmo. Según los últimos datos del Banco de España, el Estado ha contraído más de 110.000 millones de euros de pasivos netos, equivalente al 10% del PIB.

Ante tales cifras, las agencias de calificación estiman que el déficit superará el 10% del PIB este año, mientras que la deuda pública podría situarse en un rango próximo al 75% en los dos próximos años. Pese a ello, tanto Fitch como Moody´s mantienen por el momento la máxima calidad de la deuda soberana de España (triple A), en contraposición a Standard & Poor´s que ya ha rebajado su nota.

Cambio de estándares

Sin embargo, el mantenimiento del rating de Fitch y Moody´s no se debe a la confianza en la calidad de la deuda española sino, más bien, a un cambio metodológico en los estándares de calificación que emplean dichas agencias.  

Así, la decisión de la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings de mantener la máxima calificación de la deuda a largo plazo de España, situada en AAA, con perspectiva "estable", en línea con la valoración de Moody's, podría deberse a una mayor "laxitud" en los estándares de valoración, según indicaron a Europa Press desde Atlas Capital.

Para la firma, este mantenimiento de la máxima calificación, en sentido opuesto a la rebaja realizada por la agencia Standard & Poor's, es "relativamente sorprendente", dadas las magnitudes macroeconómicas que presenta España en la actualidad, con un déficit del Estado del 3,64% del PIB.

Según indicaron, las agencias de rating son "conscientes" de esta situación de dificultad y están permitiendo mayor "laxitud" a la hora de valorar los niveles de calificación de España y otros países.

En este sentido, Altas Capital apoyó su argumentación en la cotización del bono alemán y el español e indicó que, si en la época de bonanza ambas cotizaciones iban prácticamente a la par, actualmente existe un spread (diferencial) de 100 puntos básicos entre ambos, lo que pone de manifiesto la mayor percepción del riesgo en torno a la deuda española.