(Libertad Digital) El auto, dictado el pasado 8 de septiembre, declara el concurso voluntario de las tres sociedades patrimoniales del empresario Femaral S.L., Almarfe S.L. y FT Castellana Consultores Inmobiliarios.

Esto significa que sus débitos con las compañías acreedoras, los bancos que lo han avalado personalmente, sus gastos ordinarios como la luz, el gas, el teléfono o el agua quedan intervenidos hasta que el juez resuelva mediante un auto si acepta o no dicha solicitud. Lo que sí se suspende de forma automática es el devengo de intereses.

Al aceptar el juez la insolvencia de Martín, se presentará un inventario detallado de todos sus bienes con los valores de compra y los precios de mercado actuales, así como una lista actualizada de acreedores con las correspondientes garantías. A continuación, el juzgado nombraría tres administradores, debido al gran volumen patrimonial del empresario.

Fuentes jurídicas aseguran que el activo de Fernando Martín asciende a 150 millones de euros, aproximadamente, con un pasivo que ronda los 60 millones. Expertos mercantiles señalan que el objetivo del presidente de Martinsa es evitar las ejecuciones de los avales que tiene prestados, es decir, que los acreedores de la empresa no puedan cobrar una parte de lo que les pertenece a través del patrimonio personal de Martín.

La clave para que un particular se beneficie de la Ley Concursal. que permite a las personas físicas declararse insolventes e intentar por la vía judicial que las entidades financieras accedan a un retraso o una rebaja en el pago de la deuda, como ocurre con las empresas, es que "soporte más deudas que la hipoteca, es decir, créditos personales o deudas a terceros".

El proceso concursal es, por tanto, una fórmula aplicable cuando la deuda es grande y hay varios acreedores. La ley fija que el convenio de acreedores puede conceder un plazo máximo de cinco años para la devolución de la deuda, que puede rebajarse hasta un 50 por ciento.

 
Administradores de su patrimonio

En este caso, el juez establece como administradores concursales del patrimonio de Martín a un representante de la Agencia Tributaria, al abogado Miguel Sánchez Calero y al economista Antonio Moreno Rodríguez, éste último también administrador en el concurso de Martinsa-Fadesa.

Fernando Martín solicitó la suspensión de pagos de sus sociedades cuatro días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña declarara en suspensión de pagos a Martinsa-Fadesa el pasado 14 de julio.

Esta iniciativa del presidente de Martinsa-Fadesa no afectó a su gestión y continúa como presidente de la constructora con el objetivo prioritario de que la inmobiliaria supere la situación de concurso y pueda llevar a cabo su plan de viabilidad.

El pasado 12 de septiembre el juez de A Coruña que tramita el concurso de la matriz inmobiliaria declaró la suspensión de pagos de las seis empresas filiales del grupo Martinsa-Fadesa. Las sociedades en quiebra son Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fecler, Inomar, Town Planning Consultores y Construcciones Pórtico.

En la actualidad, y dentro del proceso concursal de Martinsa-Fadesa, está abierto el plazo para que los acreedores de la inmobiliaria comuniquen antes del próximo 1 de octubre al juzgado los importes que la empresa les adeuda.

En paralelo, los administradores concursales de la compañía trabajan con la dirección de la empresa con el fin de presentar cuanto antes un convenio anticipado de acreedores. Para ello, han encargado a Deloitte la elaboración de un plan de viabilidad para la compañía y la firma estadounidense Hoolihan Lokey la refinanciación de su deuda.