En un informe, el servicio de estudios del segundo banco español cree que la consolidación fiscal y el compromiso con Europa es un reto "factible" siempre que todas las administraciones públicas se comprometan con él, y en este sentido propone que se adopte un techo de gasto para las comunidades autónomas.

El informe considera que el gasto público debería reducirse en 5,5 puntos para situarse en cifras cercanas al 41% del PIB.

Admite que el gasto en pensiones seguirá creciendo -un punto del PIB-, y también los derivados de los intereses de la deuda pública -1,2 puntos- en ese periodo, aunque recuerda que las partidas para sufragar las prestaciones por desempleo deberían reducirse en los próximos años en medio punto si la tasa de paro se va reduciendo con la mejora de la actividad económica.

Además, reconoce que el gasto en inversión debe reducirse sólo en la misma medida en la que aumentó para hacer frente a la crisis, y ha de mantener los niveles de los años anteriores a este periodo recesivo, en el entorno del 4,8% del PIB.

Una vez repasadas estas partidas, que suponen la mitad del gasto público, la reducción sólo sería de dos décimas del PIB, y por eso el servicio de estudios del BBVA cree que la contención del gasto debe concentrarse en la remuneración salarial, los consumos intermedios y otros gastos corrientes como las transferencias corrientes o las rentas de la propiedad.

Lo deseable, apunta el informe, es que todos estos gastos vuelvan a los niveles de hace una década. Así, el gasto que se dedica a salarios debería suponer otra vez el 10% del PIB, como ocurría en 2001, y el resto de los componentes del gasto corriente, que suponían un 10,9% del PIB en 2009, tendrían que registrar una significativa reducción hasta el 6,6% del PIB, por debajo incluso del que representaba hace una década (7,9% del PIB).

En cualquier caso, el Servicio de Estudios del BBVA insiste en que es posible reducir hasta el 3% del PIB el déficit público en el periodo requerido si todas las administraciones públicas adoptan el "firme compromiso" de hacer "con determinación un control muy estricto del gasto público".

Para ello, añade, sería conveniente introducir un techo de gasto para las comunidades autónomas, así como otras medidas adicionales que permitieran controlar de forma efectiva el porcentaje del PIB destinado al gasto de algunas partidas presupuestarias como, por ejemplo, el gasto corriente, de personal y de pensiones.

También cree necesarias reformas estructurales en el mercado laboral que permitan reducir con mayor celeridad el gasto en prestaciones por desempleo y, sobre todo, que hagan posible aumentar los niveles de empleo y de crecimiento con los consiguientes beneficios en términos de mayores ingresos públicos, "sin necesidad de aumentar los tipos impositivos".

Unos ingresos que deberían en cualquier caso ir aumentando paulatinamente a medida que se recupere la economía, según admite este Servicio de Estudios, que cree las subidas de impuestos aprobadas para este año, así como la mejora económica, supondrán una recuperación de ingresos públicos de tres puntos del PIB.