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sólo ahorra un 0,7% en tres años

Griñán recoloca a sus afines en el sector público andaluz

Toda la prensa andaluz se hace este miércoles eco de una de las decisiones más discutibles de Ejecutivo andaluz: la reforma de un sector público mastodóntico que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones al año sólo consigue ahorrar 111 millones en 3 años a pesar de los cambios de nombres y lugares.

Pedro de Tena/Antonio Barreda

Eso sí, los más de 20.000 puestos de trabajo creados por el PSOE para colocar a dedo a sus afines, no se tocan y pasarán a formar parte oficialmente de las plantillas de la Junta sin hacer pruebas de mérito y capacidad en igualdad de condiciones con aquellos andaluces que estudian oposiciones. De momento, el sindicato CSIF-A ya anunció el pasado lunes que equiparar a «los afines al poder» con funcionarios es inconstitucional.

Nosotros ya lo anticipamos el pasado 16 de julio. Griñán, con esta reforma, pretendía blanquear el empleo negro creado por el PSOE en el sector público. Ahora lo ha consumado y ni siquiera se ha preocupado por propiciar un ahorro mayor de dinero público por cuanto en sus previsiones sólo ahorrará 111 en 3 años de los 5.000 millones anuales que cuesta el sector, esto es, un 0,7 por ciento.

Por Andalucía Libre accedió en exclusiva al borrador de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que contenía el Plan de Reordenación del Sector Público. El plan era una clara apuesta por la consolidación de la administración paralela que la propia Junta de Andalucía ha venido creando a lo largo de los últimos 25 años, y en la que no solo pervive esta administración paralela, sino que, por primera vez, la creación de Agencias va a integrar con los mismos derechos al personal funcionario, al personal laboral de la Administración General, y al personal de los entes instrumentales de empresas públicas, fundaciones y consorcios.

El personal de las empresas públicas y organismos sin control parlamentario alguno será el gran beneficiario de la creación de las Agencias. En primer lugar mantiene su convenio de origen hasta que se negocie el Convenio Unificado de la Agencia, momento en que se iguala en derechos con el personal laboral y funcionario de la administración general de la Junta de Andalucía integrado en la Agencia. Pero recuérdese que este personal de empresas públicas y fundaciones, que será así personal público de la Junta andaluza, no ha pasado por los principios reguladores del acceso a la función pública andaluza marcados en la Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Es decir, no ha pasado ni por oposiciones, ni concurso-oposiciones, ni por concursos. Al pasar a estas Agencias y al entrar en vigor el Convenio Único de la Agencia se igualan en derechos al personal laboral y funcionario de la administración general integrado en estas agencias que sí han pasado por los procesos regulados de acceso a la función pública andaluza recogidos en la citada Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Esto es, la Junta andaluza quiere blanquear de ese modo todo el empleo "negro" creado a dedo en su Administración Paralela promoviendo, además, una sabrosa operación electoral porque la medida va a afectar a un mínimo de 28.000 votantes de tales empresas y organismos.

ParaABC, "la reestructuración del sector público que plantea la Junta no supondrá la pérdida de ni un solo empleo, ni tan siquiera el de los altos cargos de los organismos suprimidos o fusionados. Así, según manifestó ayer la consejera, los 182 puestos directivos que se reducirá con esta reforma serán recolocados. «La reducción de 182 puestos directivos no implica su despido, ya que se trata de personal altamente cualificado», aseguró Martínez Aguayo, por lo que volverán a su puesto de origen de funcionario o de personal laboral fijo."

El Mundo considera que "la Junta recoloca a unos 20.000 empleados de la 'administración paralela'". La Razón, por su parte, dice que "la Junta blinda a los 22.000 «puestos a dedo» en las empresas públicas. El decreto de reordenación del sector los equiparará en la práctica con los funcionarios". Añade que "la medida afectará a 23.476 personas: 2.069 funcionarios, 1.474 personal laboral de la administración y 19.933 que ya trabajan en algunos de los 350 entes instrumentales atribuidos por el Ministerio de Economía a la Junta de Andalucía. No habrá ningún despido y sí más «seguridad jurídica», según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para todos los contratados que no son funcionarios."

El País, fiel a su línea, dice que lo que se ha producido es un ajuste que permite suprimir 182 puestos directivos y afecta a 23.476 empleados. Pero el ajuste no es al porque ninguno de ellos saldrá de las nóminas de la Junta, sólo cambiarán de sitio. El Correo de Andalucía expone que "la Junta suprime 111 empresas y conserva a sus 23.500 empleados." Por último, el grupo Joly considera que el camino emprendido de la reforma es el correcto aunque "ello no quiere decir que el problema esté resuelto. Al haberse comprometido a no afectar al empleo realmente existente en las entidades que desaparecen (más de 23.000 empleados), el ahorro de personal se reduce a un escaso número de puestos directivos. Por otra parte, quedan sin definir las consecuencias de los traslados, el papel de los funcionarios de carrera en relación con el personal laboral y el proceso de concentración de sedes, que sí significaría una disminución del gasto público. Cuando a final de año se haya concretado el desarrollo práctico del decreto-ley aprobado ayer se podrá comprobar si la reestructuración es un brindis al sol o una medida profunda de reducción de una Administración que ha fracasado."

El PP, junto con la patronal en una reciente reunión, ya dijo que era preferible reformar el sector público andaluz en profundidad antes que reducir la inversión. En este sentido, el líder del PP andaluz también indicó la coincidencia con Herrero en que el Gobierno andaluz pusiera en marcha un Plan de Austeridad Extraordinario, proceder a la reforma de la administración pública, y sobre todo la aprobación de un plan de racionalización del sector público empresarial, que cuesta 5.000 millones de euros. Arenas lamentó que se recorte en VPO, educación y sanidad, y «no se recorte en gasto superfluo, despilfarro y en el mastodonte que supone en sector público empresarial de Andalucía que nos cuesta 5.000 millones de euros».

Además, Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza, apostó por que el sector público empresarial sea "más eficiente y menos burocrático" pero que sobre todo no actúe como "administración paralela" a la propia administración autonómica, y aseguró de que la CEA no desea que se produzcan recortes sociales.

CC. OO. y UGT acusaban a la Junta de haber impuesto un decreto-Ley de urgencia, elaborado de forma precipitada y despreciando la negociación, que da plenos poderes al ejecutivo en una reordenación que no especifica límite.

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