LD (EFE) Jaime Botín ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra su hermano Emilio Botín, Ángel Corcóstegui y Amusátegui, por las jubilaciones millonarias de estos dos últimos. Según ha dicho Botín, el contrato de Amusátegui se formalizó en 1999 con el fin de asegurar que el proceso de fusión entre el Santander y el Central Hispano "fuera exitoso" y para "contar con la colaboración expresa del máximo consejero" del BCH en dicha operación.
A su juicio, aunque "a primera vista puede parecer cuantioso", estas cifras (43 millones de euros) se dan en otras "empresas similares". Además, es "normal" que cuando un ejecutivo se jubila tenga "determinadas condiciones económicas para el retiro, algo que ha sucedido en muchas ocasiones", ha afirmado.
Jaime Botín ha aprovechado también la ocasión para recordar que la fusión de las dos entidades constituyó la "operación más importante de este país en su historia financiera", y ha afirmado que en dicho proceso se intentó que tanto Amusátegui como Corcóstegui prestaran una colaboración que calificó de "esencial" para que "todos los ejecutivos del banco absorbido (BCH) remaran en la misma dirección".
El interventor general del SCH, José Manuel Tejón, que también declaró como testigo, ha aseverado que, según la normativa vigente en 1999, no era obligatorio informar al Banco de España del "bonus" pagado a Amusátegui. Un año más tarde, debido al cambio de la ley, se aprovisionó un 50 por ciento en el ejercicio de 2000 y la otra mitad en el siguiente de 2001. Sin embargo, ha afirmado que la pensión del ex copresidente si estaba contabilizada desde el principio.
Según Tejón, en el primer trimestre de 2002 se comunicó verbalmente a los inspectores del Banco de España la existencia del "bonus" y los representantes del organismo público no le hicieron ninguna observación acerca de si tal pago "estaba bien o mal". "Sólo me requirieron que hiciera un informe para el Juzgado (Central de Instrucción número 3)", ha afirmado.
El ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz Abad, que entró en el Consejo de Administración del SCH en febrero de 2002, a partir de la dimisión de Corcóstegui, ha indicado que el pago de "bonus" no tiene por qué estar ligado a los beneficios obtenidos por la entidad y ha asegurado que consideró "normales" los pagos a Amusátegui y Corcóstegui porque formaban parte del "interés de la compañía" en aquel momento.