LD (Agencias) España superó por primera vez en 2006 la presión fiscal media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), algo que debería repetirse en 2007 cuando se publiquen las cifras definitivas. La carga fiscal española representaba en 2006 el 36,6% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 35,9% en el conjunto de los 30 países miembros de la OCDE, según el informe anual de las estadísticas de la recaudación pública divulgado hoy.
Para 2007, esa carga fiscal había subido en España al 37,2% del PIB, cifra que no se podía comparar todavía con la de la OCDE a falta de datos de cuatro de sus miembros. No obstante, de los 26 estados que aportaron sus cuentas, en 13 había disminuido la presión fiscal, mientras había subido en 11, en particular en Hungría (2,2 puntos porcentuales al 39,3% del PIB), Corea del Sur (1,9 puntos al 28,7% e Italia (1,2 puntos al 43,3%).
España había igualado en 2005 el nivel medio del conocido como el "Club de los países desarrollados" al alcanzar el 35,8%. En espera de que se complete la estadística de 2007, el máximo histórico en la OCDE se había registrado en 2000 con el 36,1%. El aumento de la carga fiscal que se había constatado en los dos últimos años no debería continuar en 2008 en el conjunto de los 30 miembros, y así el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, avanzó que "la ralentización económica actual va a hacer pesar presiones suplementarias sobre las finanzas públicas".
En ese sentido, Estados Unidos y el Reino Unido ya han revisado a la baja sus previsiones de recaudación fiscal y "otros países corren el riesgo igualmente de ver los ingresos del impuesto sobre los beneficios de las empresas reducirse", de acuerdo con la OCDE. En 2007, el país en el que los impuestos suponían un mayor porcentaje del PIB era Dinamarca (48,9%), seguido de Suecia (48,2%). Turquía, con el 23,7%, y México, con el 24,5%, se situaban en el otro extremo de la escala.
Fraude fiscal en España
Además, como ya adelantó LD, Gestha apoya sus datos en distintos estudios elaborados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la Unión Europea que sitúan el fraude fiscal en España en una horquilla entre el 20 y el 25 por ciento del PIB.
Según los cálculos de Gestha, sólo la evasión fiscal que se produce en las operaciones de compraventa de las constructoras e inmobiliarias alcanza los 8.600 millones de euros anuales en España. Además, los técnicos de Hacienda calculan que seis de cada diez arrendamientos en España son alquileres sumergidos que escapan del control fiscal y apuntan que en la actualidad existen aproximadamente más de un millón de alquileres no declarados, el 60 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas.
El estudio señala a las pequeñas empresas -que representan el 95,8 por ciento en España- como otra de las principales causas del fraude, ya que al facturar menos de 4,7 millones de euros, no tienen la obligación de que sus cuentas sean auditadas.