LD (EFE) Enagás -propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas- actúa como gestor técnico del sistema. La SEPI ha adquirido 9.916.959 acciones de Enagás mediante compras diarias realizadas "a lo largo de un amplio número de sesiones bursátiles". A precios de mercado (los títulos de Enagás cerraron este viernes a 19,93 euros), la participación alcanzada por la SEPI habría supuesto un desembolso de 197,6 millones de euros.
El Consejo de Administración de la sociedad estatal aprobó el pasado julio, una semana después de la decisión del Consejo de Ministros, el inicio de los trámites para empezar a comprar títulos de la compañía. En los últimos meses, tanto el Gobierno como la propia Enagás han negado que la entrada de la SEPI en el capital de la compañía sea la antesala de una fusión con Red Eléctrica de España (REE), el gestor técnico del sistema eléctrico, en el que el grupo público tiene una participación del 20 por ciento.
La SEPI no tendrá limitados sus derechos políticos en Enagás, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los accionistas, según establece la Ley del Sector de Hidrocarburos. De acuerdo con esta norma, ningún accionista puede poseer más del 5 por ciento del capital, mientras que sus derechos políticos están limitados al 3 por ciento de forma genérica y al uno por ciento si operan en el sector gasista o si participan con más de un 5 por ciento en empresas que desarrollan actividades en ese mercado.
No obstante, la disposición adicional vigésima establece que "dichas limitaciones no serán aplicables a la participación directa o indirecta correspondiente al sector público empresarial". Los principales accionistas de Enagás son Gas Natural, Bancaja, la BBK, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajastur y Sagane (Caja Murcia, Caja Granada y Caja Castilla-La Mancha), cada uno con una participación del 5 por ciento. El próximo 31 de octubre tendrá lugar la Junta General de Accionistas de Enagás.
El Consejo de Administración de la sociedad estatal aprobó el pasado julio, una semana después de la decisión del Consejo de Ministros, el inicio de los trámites para empezar a comprar títulos de la compañía. En los últimos meses, tanto el Gobierno como la propia Enagás han negado que la entrada de la SEPI en el capital de la compañía sea la antesala de una fusión con Red Eléctrica de España (REE), el gestor técnico del sistema eléctrico, en el que el grupo público tiene una participación del 20 por ciento.
La SEPI no tendrá limitados sus derechos políticos en Enagás, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los accionistas, según establece la Ley del Sector de Hidrocarburos. De acuerdo con esta norma, ningún accionista puede poseer más del 5 por ciento del capital, mientras que sus derechos políticos están limitados al 3 por ciento de forma genérica y al uno por ciento si operan en el sector gasista o si participan con más de un 5 por ciento en empresas que desarrollan actividades en ese mercado.
No obstante, la disposición adicional vigésima establece que "dichas limitaciones no serán aplicables a la participación directa o indirecta correspondiente al sector público empresarial". Los principales accionistas de Enagás son Gas Natural, Bancaja, la BBK, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajastur y Sagane (Caja Murcia, Caja Granada y Caja Castilla-La Mancha), cada uno con una participación del 5 por ciento. El próximo 31 de octubre tendrá lugar la Junta General de Accionistas de Enagás.