LD (EFE) En esta ocasión no se trata de reclamaciones económicas, sino del reconocimiento de la especificidad del sector como "un servicio de salvamento prioritario", que no tiene nada que ver con los transportistas, y de la necesidad regular la necesaria formación que deben recibir quienes accedan a la profesión. Las empresas del sector reclaman el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el 15 de junio de 2005 en el Congreso en la que se instaba al Gobierno a tomar medidas para regular el sector e impedir nuevas huelgas.
Galarza, secretario general de Cepas, recordó que las movilizaciones desarrolladas por los empresarios del sector a lo largo del verano de 2004 y enero de 2005 "finalizaron tras la promesa explícita de regulación sectorial por parte de la administración". Estas medidas, recordó Galarza, debían marcar "unas reglas del juego que garantizaran el equilibrio en las relaciones entre compañías aseguradoras y clubes automovilistas y empresas de asistencia en carretera y la erradicación de prácticas no deseables, además de medidas tendentes a asegurar la rápida intervención de los vehículos de asistencia como elementos esenciales para la seguridad vial".
Sin embargo, según Galarza, "la pasividad de la administración, tanto en los Ministerios de Interior (DGT) como de Fomento (DG Transportes) como también en otros departamentos (Inspección de Transportes y de Trabajo) hacen comprensibles las movilizaciones".
Galarza, secretario general de Cepas, recordó que las movilizaciones desarrolladas por los empresarios del sector a lo largo del verano de 2004 y enero de 2005 "finalizaron tras la promesa explícita de regulación sectorial por parte de la administración". Estas medidas, recordó Galarza, debían marcar "unas reglas del juego que garantizaran el equilibrio en las relaciones entre compañías aseguradoras y clubes automovilistas y empresas de asistencia en carretera y la erradicación de prácticas no deseables, además de medidas tendentes a asegurar la rápida intervención de los vehículos de asistencia como elementos esenciales para la seguridad vial".
Sin embargo, según Galarza, "la pasividad de la administración, tanto en los Ministerios de Interior (DGT) como de Fomento (DG Transportes) como también en otros departamentos (Inspección de Transportes y de Trabajo) hacen comprensibles las movilizaciones".