En opinión de los promotores del llamado Manifiesto de los 100 economistas, “hay un alto riesgo de que se pierda la oportunidad de hacer una reforma laboral que cumpla de una vez con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo español, facilitando la creación de puestos de trabajo más productivos y estables”.

En una nota publicada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la elite de los economistas españoles insiste en la necesidad de llevar a cabo una reforma en profundidad del mercado laboral español. Entre otros aspectos, destacan los siguientes puntos:

1. Implantar un contrato único con indemnización por despido creciente con la antigüedad. De este modo, los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha actualmente existente entre los costes de despido de los contratos indefinidos actuales y los de los contratos temporales. “Esta brecha es el principal factor que induce la excesiva rotación laboral y las enormes fluctuaciones de nuestra tasa de paro”, señalan.

2. La extensión del contrato indefinido de fomento del empleo, con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, “debe aplicarse a todas las nuevas contrataciones”.

Además, debe garantizarse que “los despidos por causas objetivas se conviertan en la norma en las rescisiones de contratos, introduciendo una nueva definición de las causas del despido objetivo más clara, que no genere incertidumbre, y estableciendo procedimientos administrativos y judiciales mucho menos onerosos que los actuales”.

En este ámbito, este grupo de economistas advierte de que las subvenciones a la contratación o el uso de fondos del FOGASA para reducir el coste del despido a las empresas son “vías costosas y potencialmente ineficaces”.

3. “Es absolutamente necesaria una nueva regulación de la negociación colectiva. Los convenios de ámbito superior a la empresa deben dejar de limitar las posibilidades de reorganización del trabajo entre sectores y en las empresas, a fin de elevar la productividad”.

Así, las empresas que lleguen a un acuerdo con sus empleados para aplicar condiciones de trabajo distintas de las fijadas por el convenio colectivo de su sector “deben poder hacerlo, con las garantías judiciales oportunas. No deben estar sujetas a unas condiciones tan exigentes como las actuales que, de hecho, hacen inviable esta opción”.

4. Por último, la reforma debe mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. En este sentido, “la percepción de prestaciones por desempleo debe vincularse estrechamente a la participación en políticas activas de reinserción y formación”, indican.

También deben evaluarse “rigurosamente las actividades de los servicios públicos de empleo, reducir el peso de las subvenciones a la contratación y permitir que empresas de intermediación laboral y agencias privadas adecuadamente acreditadas puedan colaborar con las agencias públicas”, conluyen.