Según publica Francisco Núñez en El Mundo estos funcionarios reciben entre 400 y 600 euros al mes. La conservación de la antigüedad es un privilegio exclusivo de los funcionarios. Los cargos políticos que proceden del sector privado no tienen estas ventajas, que el Gobierno no revisará en el anunciado plan de austeridad del gasto.

Según datos oficiales, a finales de 2009 había exactamente 2.092 funcionarios de la Administración General del Estado (Administración central) en situación de servicios especiales, es decir, dedicados a la política. En realidad, se trata de una modalidad de excedencia que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 ha cambiado la denominación por la de servicios especiales.

Y aunque ningún funcionario puede cobrar dos salarios de la Administración Pública, las normas permiten a este grupo cobrar la antigüedad adquirida en el desempeño de su anterior puesto administrativo.