Según ha explicado González, la disposición estatal "pretende condicionar la política de vivienda pública" que compete a las comunidades autónomas, "limita el ejercicio de la propiedad privada" y "cercena" el derecho de los propietarios a vender su casa libremente pasado el plazo reglamentario.
Ha indicado que este Decreto "limita el uso y disfrute" de cualquier propietario de vivienda protegida, que hasta ahora podía venderla a los 15 años de la adjudicación de manera libre y a precio de mercado, lo que ayudaba a comprar una nueva casa.
Sin embargo, González ha precisado que con la entrada en vigor del Decreto, el plazo de protección de la vivienda es "toda la vida" y el propietario no puede venderla "a quien considere oportuno", sino sólo a aquellos que formen parte de un registro público de solicitantes, lo que significa que tampoco se puede donar ni dejar en herencia.