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Díaz Ferrán, que firmó por primera vez el acuerdo, expresó el compromiso de los empresarios de seguir creando empleo para 2008 y subrayó la necesidad de revisar los salarios de acuerdo con el IPC previsto, "con algún posible incremento relacionado con la productividad pero sin llegar a agotarla" y con una cláusula que garantice el poder adquisitivo. También Cándido Méndez defendió el modelo de determinación de los salarios basado en la inflación prevista por las autoridades monetarias, que es el 2 por ciento para 2008, pero incorporando en todos los convenios la cláusula de revisión salarial para poder mantener esa previsión de inflación.
En este sentido, Fidalgo consideró necesario ayudar a contener la inflación e impulsar un trabajo que genere más productividad y más competitividad.
Calificó de "suicida" querer alentar la espiral inflacionaria y añadió que los sindicatos tampoco quieren empobrecer el poder de compra de la mano de obra, por lo que, en su opinión, la negociación colectiva debe buscar salidas dentro de ese equilibrio.
En declaraciones a TVE, también el ministro de Economía, Pedro Solbes, se manifestó sobre la evolución de los salarios en los últimos años que, en su opinión, ha sido "bastante prudente".
Solbes dijo que, aunque el modelo "es bueno", empresarios y sindicatos han firmado el acuerdo sobre bases de períodos anteriores, y añadió que en un futuro, cuando se negocie recuperar el poder adquisitivo, debería pensarse más en el salario medio. Patronal y sindicatos fueron unánimes en la necesidad de mantener la unidad de mercado sobre la Inspección de Trabajo, mostraron su preocupación por las transferencias en esta materia y expresaron la necesidad de mantener unos criterios homogéneos en toda España.
Para Méndez, esta cuestión tiene "importancia macroeconómica" y dijo que si el Gobierno se ha comprometido en mantener en el seno de la agencia tributaria estatal la política fiscal, debería considerar la Inspección de trabajo como órgano de control e intervención estatal. Fidalgo dijo que el primer año que no se suscriba un ANC "habrá 17" y en su opinión sólo debería haber sólo uno, como el que se hace ahora, que incorpora la flexibilidad suficiente para que en cada sector y en cada empresa se ajusten las cuentas a las expectativas empresariales, al empleo y a la competitividad.
El líder de CCOO afirmó que las Administraciones Públicas deben colaborar y no compitan entre sí en materias como la inspección de trabajo o la gestión de la seguridad social. En 2008 se revisarán y negociarán aproximadamente 5.000 convenios colectivos que afectarán a unos diez millones de trabajadores (un 25 por ciento son de renovación y el 75 por ciento de negociación)
En 2008 se negociará el 74 por ciento de los convenios colectivos sectoriales (el 26 por ciento restante se renueva automáticamente) y el 71 por ciento de los convenios de empresa. El ANC contempla por primera vez que se aplique la Ley de Igualdad en el Trabajo, introduce medidas contra el acoso laboral en función de sexo, incorpora otras de acuerdo con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y se hace un llamamiento a las organizaciones empresariales y sindicales territoriales para que se sumen al acuerdo.
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