L D (EFE) La Comisión Europea afirmó este martes que el régimen fiscal que ciertos cantones suizos aplican a las empresas allí domiciliadas no respeta el acuerdo de libre comercio de 1972, pero insistió en su voluntad de alcanzar una solución negociada antes de recurrir a eventuales sanciones.
La derecha suiza, al igual que el Gobierno, rechazó en bloque la posibilidad de que el Gobierno federal o los cantones revisen sus políticas fiscales por exigencia de la UE. El Partido Radical Demócrata (PRD) afirmó que las acusaciones comunitarias "carecen de fundamento", en tanto que la Unión Democrática de Centro (UDC) las consideró como una "injerencia" y reclamó "un debate urgente" al respecto.
Según el Ejecutivo de la UE, el sistema tributario vigente en los cantones de Zoug y Schwyz –favorable particularmente para las empresas que han obtenido sus beneficios fuera del país– constituye una ayuda de Estado incompatible con las normas acordadas entre Suiza y la UE.
Para el PRD, el que Suiza no pertenezca al bloque comunitario y que, por ese hecho, pueda decidir de forma autónoma sobre su fiscalidad, le permite promover de manera más efectiva la instalación de empresas en su territorio, lo que calificó de "una piedra en el zapato de la UE". Consideró "intolerable" las tentativas europeas de "intervenir en asuntos suizos porque ella misma (la UE) no ha sido exitosa" en materia fiscal.
Por su parte, la UDC reclamó un debate urgente durante la próxima sesión del Parlamento helvético, que tendrá lugar en marzo, y exigió al Gobierno federal que no ofrezca ninguna concesión y que ni siquiera entre en materia frente a las demandas europeas. "De pronto, parece que la grande y poderosa UE le teme al pequeño cantón montañés de Obwald o a los habitantes de Zoug", señaló el partido nacionalista.
Asimismo, advirtió de que si los países comunitarios decidieran sancionar a Suiza por esta cuestión, el Gobierno de Berna deberá tomar a su turno represalias equivalentes. Entre los argumentos que las autoridades helvéticas esgrimen en defensa de su política fiscal figura la inexistencia de alguna regla contractual entre Berna y Bruselas que obligue a Suiza a armonizar su sistema impositivo de empresas con el de la UE.
De igual modo, afirman que el acuerdo de 1972 regula exclusivamente el comercio de ciertas mercancías y no constituye una base jurídica suficiente para evaluar en qué medida la tributación de las sociedades implica una distorsión de la competencia. Además, Suiza alega que las medidas tributarias cantonales que son objeto de las críticas de la Comisión Europea no implican discriminación alguna para las empresas suizas o un trato de favor para las firmas extranjeras, pues los operadores económicos reciben el mismo trato cualquiera sea su nacionalidad, producción o actividad.
Las autoridades comunitarias opinan todo lo contrario y creen que Suiza se beneficia de un acceso privilegiado al mercado europeo y que, en esa medida, debe respetar los compromisos que ello conlleva. Fuentes gubernamentales han adelantado que el Gobierno suizo responderá a esas críticas con una "lista negra" de prácticas fiscales inadecuadas dentro de la propia UE, principalmente en Irlanda, Holanda, Hungría, Chipre, Eslovenia y Luxemburgo.
Para el PRD, el que Suiza no pertenezca al bloque comunitario y que, por ese hecho, pueda decidir de forma autónoma sobre su fiscalidad, le permite promover de manera más efectiva la instalación de empresas en su territorio, lo que calificó de "una piedra en el zapato de la UE". Consideró "intolerable" las tentativas europeas de "intervenir en asuntos suizos porque ella misma (la UE) no ha sido exitosa" en materia fiscal.
Por su parte, la UDC reclamó un debate urgente durante la próxima sesión del Parlamento helvético, que tendrá lugar en marzo, y exigió al Gobierno federal que no ofrezca ninguna concesión y que ni siquiera entre en materia frente a las demandas europeas. "De pronto, parece que la grande y poderosa UE le teme al pequeño cantón montañés de Obwald o a los habitantes de Zoug", señaló el partido nacionalista.
Asimismo, advirtió de que si los países comunitarios decidieran sancionar a Suiza por esta cuestión, el Gobierno de Berna deberá tomar a su turno represalias equivalentes. Entre los argumentos que las autoridades helvéticas esgrimen en defensa de su política fiscal figura la inexistencia de alguna regla contractual entre Berna y Bruselas que obligue a Suiza a armonizar su sistema impositivo de empresas con el de la UE.
De igual modo, afirman que el acuerdo de 1972 regula exclusivamente el comercio de ciertas mercancías y no constituye una base jurídica suficiente para evaluar en qué medida la tributación de las sociedades implica una distorsión de la competencia. Además, Suiza alega que las medidas tributarias cantonales que son objeto de las críticas de la Comisión Europea no implican discriminación alguna para las empresas suizas o un trato de favor para las firmas extranjeras, pues los operadores económicos reciben el mismo trato cualquiera sea su nacionalidad, producción o actividad.
Las autoridades comunitarias opinan todo lo contrario y creen que Suiza se beneficia de un acceso privilegiado al mercado europeo y que, en esa medida, debe respetar los compromisos que ello conlleva. Fuentes gubernamentales han adelantado que el Gobierno suizo responderá a esas críticas con una "lista negra" de prácticas fiscales inadecuadas dentro de la propia UE, principalmente en Irlanda, Holanda, Hungría, Chipre, Eslovenia y Luxemburgo.