Así es como se podría caracterizar la pasada legislatura, aquel tiempo en que España crecía más, construía más viviendas y creaba más empleo que ningún otro país de la UE. España iba tan bien como en los mejores tiempos del Sr. Aznar y las desahogadas cuentas del Estado hasta 2007 crearon un espejismo de abundancia que llevó al Sr. Rodríguez Zapatero a aumentar las prestaciones sociales y a prometer mejoras incluso más sustanciales en su segunda legislatura. Nadando en la abundancia, estaba incluso convencido de contar con recursos suficientes para satisfacer todas las demandas planteadas por las comunidades autónomas tras la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía.
El Gobierno se aplicó con entusiasmo entre 2004 y 2008 a extender la cobertura a los desempleados, a aumentar por encima del IPC algunas de las pensiones más bajas y hasta a lanzar un ambicioso programa de prestaciones sociales dirigido a mejorar la atención a los mayores y personas dependientes, conocido popularmente como la ley de la dependencia, al que el presidente calificó como el cuarto pilar del Estado de bienestar. Los abundantes problemas que han aflorado al intentar aplicar esta norma han puesto de manifiesto que el programa ni estaba bien diseñado ni contaba con los recursos presupuestarios adecuados para ponerlo en marcha. Como no podía ser de otro modo tras la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, la aplicación de esta ley también se ha visto entorpecida por estériles disputas sobre la distribución de competencias entre las administraciones central y autonómica.
En el caso de la financiación de las comunidades autónomas, el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero quedó atrapado en la endiablada red que él mismo había ido tejiendo al aprobar secuencialmente nuevos de Estatutos de autonomía elaborados a la carta para satisfacer las exigencias de cada Comunidad. El caso de Cataluña ejemplifica muy bien la escasa previsión del Gobierno cuya capacidad de actuación quedaría muy limitada dependiendo de cómo se interpreten los artículos del Título VI del Estatut de Cataluña sobre financiación de la Generalitat. En base a esa ambivalencia, los tres partidos nacionalistas que forman el gobierno de la Generalitat, PSC, ERC e ICV-EUiA, se han negado a aceptar las distintas propuestas que les fue presentando el Sr. Solbes, ministro de Economía y Hacienda, y han impedido que se alcanzara un acuerdo sobre financiación antes del 9 de agosto de 2008, la fecha límite establecida en el propio Estatut.
Los datos socioeconómicos que ha ido publicando el INE en los dos últimos trimestres nos han devuelto a la cruda realidad, aventando las ilusorias promesas con las que el Sr. Rodríguez Zapatero concurrió a las elecciones el pasado 9 de marzo. Será difícil, por no decir imposible, que el Gobierno ejecute el gasto comprometido en los presupuestos de 2009 cuando los ingresos impositivos del Estado se están desmoronando. Aunque el déficit público se dispare por encimo del 8% del PIB, me aventuro a pronosticar que muchas de los compromisos realizados en la última campaña electoral sobre extensiones de prestaciones sociales van a quedar en el limbo. También es muy probable que la ley de atención a los mayores y dependientes arrastre una penosa existencia por falta de financiación en los próximos años y veo difícil que se lleguen a poner los más de 12.000 millones previstos de aquí a 2015. Las rebajas se empiezan a notar también en investigación y desarrollo, otro de los programas estrellas del Sr. Rodríguez Zapatero, que preveía aumentos del 16% en el VI Plan Nacional y ahora parece van a quedarse en el 2,5% en términos corrientes, una reducción tan espectacular que ha hecho saltar las alarmas en la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
En cuanto al nuevo sistema de financiación autonómica, resulta fácil pronosticar que, una vez eliminado de la escena el Sr. Solbes, el Gobierno alcanzará en breve un acuerdo bilateral con la Generalitat que luego extenderá al resto de Comunidades Autónomas tras realizar algunos ajustes cosméticos. Para contentar de momento a la Generalitat, el Gobierno inyectará recursos empleando diversos subterfugios, como ya ha hecho al comprometer 4.000 millones para mejorar las infraestructuras ferroviarias en el momento de cerrar la cesión del servicio de cercanías de Renfe a la Generalitat la semana pasada, una decisión, por cierto, ésta de trocear Renfe ajena a toda lógica económica o política. El nuevo modelo ni aclarará cuáles son las competencias y los recursos de cada administración ni proporcionará la deseable estabilidad y seguridad jurídica de que tan necesitada está la administración española. Lo peor es que nada que se haga calmará a los nacionalistas. Recién conocida la noticia de la cesión de cercanías, el Sr. Pujol (Oriol), portavoz de CiU, ya ha calificado el acuerdo de "engañoso, virtual y tramposo". ¡Lo que nos espera! En mi artículo Desbloqueando que es gerundio, ya llamé la atención sobre la incompetencia e irresponsabilidad del Sr. Chaves, embajador volante del Sr. Rodríguez Zapatero para las autonomías, cuando al preguntarle de dónde saldrá el dinero para la nueva financiación, contestó sin inmutarse: de Hacienda; y apostilló que no le preocupaba endeudarse porque financiación autonómica es sinónimo de servicio público.
Alguien debería haber advertido al presidente del Gobierno de que el crecimiento de la construcción y el consumo privado propulsados por un nivel cada vez mayor de endeudamiento externo no podían mantenerse indefinidamente. Alguien debería haberle dicho que no se puede crear el cuarto pilar del Estado de bienestar cuando no se cuenta con un órgano de gestión ágil y fiable que garantice el reconocimiento de los derechos a los potenciales beneficiarios, ni se presupuesta un crédito suficiente para cubrir las ayudas prometidas. Alguien debería haberle explicado que los estatutos a la carta aprobados alegremente en la pasada legislatura, además de dificultar la ya complicada tarea de alcanzar acuerdos razonables en materia de financiación autonómica, están poniendo en riesgo la unidad de mercado y van a sumir al Estado en una maraña de conflictos interminables entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas. El Real Decreto 1513/2006 de enseñanzas mínimas, recurrido ante el Constitucional por la Generalitat de Cataluña por invadir las competencias que, según la Generalitat, le atribuye el Estatut, es sólo una muestra de la conflictividad que nos aguarda en el futuro.
El dicho popular "quien mucho abarca poco aprieta" describe bastante bien la frívola actitud del Sr. Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura. En lugar de dar prioridad a los graves problemas (bajo crecimiento de la productividad, falta de movilidad de la fuerza laboral, crecimiento desaforado del sector de construcción, pérdida continuada de competitividad y elevado endeudamiento externo) que presentaba la economía española en 2004, el presidente optó por abrir dos nuevos frentes de gasto, ampliando las prestaciones sociales y reformando los estatutos de autonomía con las lamentables consecuencias que acabo de comentar. No parece haber aprendido nada de estas aventuras quijotescas. Prometer es fácil, cumplir las promesas como hemos visto no tanto, sobre todo cuando quien las hace ignora sus consecuencias presupuestarias.