Las razones por las que se impulsó la llamada Ley Sinde es clara: dado que según la legislación española no es delito crear una web que facilite las descargas de contenido protegido por derechos de autor, inventamos una norma para cerrarlas por la vía administrativa. Aunque algún verso suelto haya decidido lo contrario, ha sido decisión casi unánime de los jueces desestimar las demandas contra este tipo de sitios web. Y ahora otro juzgado ha dictaminado que crear herramientas P2P tampoco es ilícito.
El fallo no debería parecer mal a ningún liberal. Los medios no delinquen: lo hacen las personas. Ninguna culpa tiene el fabricante de palancas cuando alguien usa uno de sus productos para abrir la puerta de un coche ajeno y llevárselo sin tener siquiera el detalle de dejarle una nota al dueño o algo. Tampoco es serio querer meter en la trena a quienes producen aceite de oliva si a algún animal de bellota se le ocurre echárselo por la cara al vecino del quinto. Hirviendo.
Otra cosa son aquellos a quienes les parece estupendo criminalizar los medios en otros ámbitos. Por ejemplo, las armas de fuego. Hasta donde yo tengo noticia, generalmente la culpa de que alguien muera de un disparo es de la persona que ha decidido apretar el gatillo y que sería igualmente culpable si hubiera utilizado matarratas, un cuchillo o cualquier otro arma que se les ocurra y que posiblemente se pueda comprar sin licencia ni nada.
De acuerdo, las consecuencias de disparar suelen ser un pelín más graves que las de copiarse una canción, qué duda cabe. Pero el principio es similar. Y no vale aducir que Emule, BitTorrent o, ya puestos, ManolitoP2P y Blubster –las creaciones de Pablo Soto, absuelto más de dos años después del juicio– sirven para algo más que intercambiar canciones o pelis. Las armas también sirven para algo más que para hacer daño, de hecho, sirven especialmente para evitar que te lo hagan a ti, que parece un uso que tiene su importancia. Además, para qué engañarnos, es más frecuente un uso defensivo de las armas entre sus propietarios que un uso del P2P para algo que no sean obras protegidas por derechos de autor.
Ni Google ni Pablo Soto ni Pirate Bay hacen algo ilegítimo acercando la información a los internautas. El que sea ilegítimo descargarse cosas es algo más discutible. Pero si concluimos que la propiedad intelectual debe ser respetada y deben emplearse recursos en su protección la única vía coherente es perseguir a los usuarios de internet, no a quienes les facilitan las herramientas para hacer cosas feas.