Dice el artículo 92.2 de la Constitución española que los referéndums "serán convocados por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados". A lo de ayer en Arenys de Munt se le denominó "consulta" para que aparentemente tuviera cabida en nuestro ordenamiento jurídico, pero nominalismos al margen, el acto independentista es en esencia incompatible con el mismo y no sola y especialmente por el 92.2.
La Constitución, toda constitución, descansa sobre un conjunto de ciudadanos libres y soberanos que se dotan de un texto normativo para organizar su convivencia. A ese conjunto de ciudadanos libres y soberanos se le llama "nación" y es la piedra angular de todo el andamiaje institucional de España.
Sin nación no hay Constitución y sin Constitución las garantías de las libertades individuales desaparecen y la existencia de derechos colectivos –el sistema político democrático– se disuelve. Por consiguiente, una consulta que pretende desquebrajar la nación de la que obtiene legitimidad la Constitución no puede tener encaje alguno con nuestro sistema político; una Constitución que conceda barra libre a la secesión no es más que letra muerta que cualquier grupo organizado puede violentar.
La anécdota es que la consulta ataque el artículo 92.2, la categoría, que representa una enmienda a la totalidad del cada vez más debilitado Estado de derecho español. Y ante esta ofensiva abierta a la Constitución, que tras su éxito e impunidad amenaza con extenderse como un cáncer por todo el territorio nacional, el Gobierno, supuesto encargado de aplicar las leyes y de defender las libertades de los ciudadanos, se ha quedado cruzado de brazos. Aunque, desde luego, no es de extrañar: el propio Ejecutivo de Zapatero ha sido uno de los mayores agresores que ha tenido nuestra Carta Magna, especialmente, aunque no sólo, mediante la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, texto que ya desde un comienzo se carga la idea misma de nación sobre la que, repetimos, reposa la Constitución.
Los sucesos de Arenys de Munt ponen de manifiesto que el debilitamiento de la soberanía nacional va de la mano de una progresiva e imparable degradación de la calidad de las instituciones. El incumplimiento sistemático del núcleo de la Constitución da paso con seguridad al incumplimiento del resto de sus preceptos, aquellos que previenen la contención del poder político y el mantenimiento de una esfera de libertad ciudadana. La gran duda que se plantearon los liberales de Quis custodiet ipsos custodes? (¿Quién nos protege de nuestros protectores?) se resuelve gracias a una ciudadanía estructurada, unida y civilizada: a una nación. Los excesos del poder político, las violaciones de la ley de leyes, se limitan por el propio pueblo soberano, siempre vigilante del recto funcionamiento de sus instituciones. Pero sin la nación, los diques de la limitación del poder se rompen y la arbitrariedad política se convierte en la conducta habitual.
La consulta de Arenys de Munt –y en general, la consulta sobre la independencia de Cataluña– no va sólo en contra de los derechos de los catalanes que no quieran escindirse de España, sino de los de todos los españoles que ven quebrar la nación que es garantía de sus libertades.
Probablemente por ello, los caciques nacionalistas y los políticos socialistas del puño en alto han hecho la vista gorda al asunto. La democracia liberal siempre fue un obstáculo para sus pulsiones autocráticas y cuando antes colapse, mejor. No es que el Gobierno no gobierne, es que está gobernando fuera de los cauces que le habilita la Constitución precisamente para destruirla o, mejor dicho, para que otros le hagan poco a poco este trabajo sucio. Lo de Arenys de Munt no es un grito a la libertad, sino a la esclavitud.