Las crisis son duros períodos de ajuste en los que aquellas personas que no satisfacen las necesidades de los consumidores tienen que readaptarse y reciclarse. Es momento de despidos masivos, de quiebras generalizadas y de forzada austeridad frente a los excesos anteriores. El capitalismo es un sistema económico donde quienes triunfan (es decir, quienes dan respuesta a los deseos de los consumidores) ganan mucho dinero, pero sólo hasta que, por el motivo que sea, comienzan a equivocarse.
Sin embargo, en nuestras sociedades, teóricamente caracterizadas como economías de libre mercado, hay sujetos y entidades que no viven de servir al consumidor, sino de hincar la rodilla ante el poder político. El Estado siempre está dispuesto a recompensar a aquellos que le muestran servidumbre y que aceptan convertirse en sus altavoces propagandísticos. La dinámica de la subvención es sencilla: nuestros burócratas les quitan el dinero a aquellos que satisfacen a los consumidores y se lo dan a quienes no lo hacen. De esta manera, estos chupópteros pueden seguir gozando de cuantiosos ingresos aun cuando decidieran vender helados en el Polo Norte. Podríamos decir que quienes viven y sobreviven gracias a la subvención están en un estado de crisis permanente –de una catarsis imprescindible– que el Estado no permite que se ejecute cargándonos al resto la factura.
Si la situación resulta grave en tiempos de bonanza (es decir, que cuando todo el mundo está generando riqueza ellos se dedican a rapiñarla y a vivir del cuento), se convierte en particularmente sangrante cuando casi todos los sectores económicos están en crisis: reduciendo costes, tratando de mejorar su productividad y asumiendo la quiebra como un destino inexorable.
Sindicatos, cineastas y políticos se reparten las cada vez más escuálidas rentas de los ciudadanos españoles y lo hacen a pesar de que, cada uno a su manera, no contribuyen a mejorar, sino en todo caso a empeorar, nuestras vidas.
Los sindicatos colaboran en la consolidación de unas rigideces laborales que están detrás de gran parte de los más de un millón de trabajadores que han perdido su empleo durante el último ejercicio; los cineastas ruedan películas que ofenden abiertamente las creencias y los sentimientos de una enorme porción de los que son obligados a financiarlas; y los políticos no sólo aprueban y extienden esta nefasta red de subsidios, sino que ahora mismo están tomando toda una serie de decisiones económicas que sólo tienden a agravar y prolongar la crisis.
Desde luego, resultaría demagógico decir que en caso de quitarles las subvenciones a estos tres colectivos nos ahorraríamos una suma de dinero que nos permitiría encarrilar la coyuntura. Sin embargo, sí sería un importante avance por dos motivos. El primero es que los tres colectivos verían debilitada su capacidad propagandística para defender una orientación socialista e intervencionista para el Estado que tantos perjuicios nos está causando. Segundo, su eliminación sí supondría un cambio importante en la filosofía pródiga que impregna a nuestras Administraciones Públicas; sería una primera señal de que durante las crisis es necesario apretarse el cinturón, incluso (o mejor dicho, especialmente) para aquellos que sólo saben medrar a costa del poder coercitivo del Estado.
Lo que en tiempos de bonanza resultaba absurdo, en momentos de crisis es abiertamente obsceno.