Lo peor que puede decirse de la reforma de la negociación colectiva que ha aprobado este viernes el Gobierno es que no ha habido novedades. Porque, con cinco millones de parados, si algo necesitábamos con urgencia eran cambios; cambios drásticos que dieran más autonomía a las empresas y a los trabajadores, recortando la discrecionalidad de sindicatos y patronales. Pero no, el mercado laboral, tras este simulacro de reforma, sigue tal cual se lo encontró Zapatero, esto es, tremendamente encorsetado y falto de la más mínima flexibilidad interna.
Las diminutas modificaciones que este decreto ley introducirá en nuestras relaciones laborales no merecen, sin duda alguna, toda la pompa con la que se las está revistiendo. Que los convenios de empresa prevalezcan sobre los sectoriales, por ejemplo, es una medida que va en la dirección correcta, pero que no sirve de si, en defecto de acuerdo con los sindicatos, los sectoriales se aplican subsidiariamente. Algo parecido sucede con el acortamiento de los plazos para renovar los convenios, pues mientras se sigan prorrogando los antiguos de manera automática (la famosa "ultraactividad"), los sindicatos conservarán todo su poder: al cabo, siempre pueden amenazar con que, a menos que los nuevos convenios mejoren los anteriores, romperán la baraja de la negociación, prorrogando unas condiciones laborales que bien pueden haber quedado absolutamente desfasadas ante los cambios de coyuntura.
La estrategia de la izquierda ante esta farsa de reforma ha sido clara: pretender que este texto legislativo se sitúa en un punto intermedio entre las demandas de patronal y sindicatos, proclamar que éstos eran los cambios que reclamaban los mercados, y azuzar a la extrema izquierda para que finja una enorme indignación por el presunto recorte de derechos ‘sociales’. De este modo, se consiguen dos objetivos: primero, se vende a unos inversores internacionales que desconocen el funcionamiento concreto de nuestra legislación laboral que por fin hemos transformado nuestro arcaico mercado de trabajo; y, segundo, cuando el paro siga sin descender en los próximos meses, los socialistas podrán anunciar a los cuatro vientos que España no necesita de más reformas porque ninguna de ellas ha dado resultado alguno.
El PP no debería caer en esta trampa. Ha de denunciar, desde el primer momento, que la reforma no es que no se quede a medio camino, es que simplemente no habría que calificarla de reforma. En caso contrario, cuando llegue al Gobierno y tenga que liberalizar de verdad la economía, la extrema izquierda lo tendrá tremendamente fácil para tomar la calle clamando que las ‘políticas neoliberales contra la crisis’ han sido un rotundo fracaso. A buen seguro, Rubalcaba sabrá aprovechar desde la Oposición su obstinación actual por bloquear cualquier conato de flexibilización de la economía.