Con nocturnidad y alevosía, el Ejecutivo ha terminado por aprobar su Plan de Rescate de la banca española con un coste estimado inicialmente en 50.000 millones. Una cantidad nada despreciable que atribuye al Gobierno un enorme poder para dirigir el rumbo futuro de nuestra economía. El ministro de Economía, Pedro Solbes, se convierte en el zar financiero español, al obtener capacidad para decidir qué activos de los bancos compra, a qué precio lo hace y con qué condiciones. Todo ello con un control superficial del Parlamento cada cuatro meses y asesorado por un "comité técnico" integrado por altos funcionarios nombrados por el propio Gobierno.
Es importante que los españoles sean conscientes de que con semejante cuantía de dinero, el PSOE podrá decidir qué empresas (y qué empresarios) sobreviven a la crisis y cuáles se ven abocados a la quiebra. Al fin y al cabo, el Ejecutivo podrá pagar precios desorbitados por activos bancarios de calidad pésima (aun cuando nos hayan repetido hasta la saciedad que sólo se adquirirán "activos sanos") y podrá negarse a refinanciar proyectos empresariales que sí podrían ser viables. Dicho de otra manera, el plan de rescate podría permitir al PSOE configurar la economía española a su antojo, colocando a sus amigos al frente de las principales empresas que sobrevivan a la crisis y forzando la quiebra de los empresarios contrarrevolucionarios.
No en vano, estamos ante un plan casi idéntico al que presentó el secretario del Tesoro estadounidense, Henry Paulson, y que, no sin razón, fue rechazado en una primera votación por el Congreso estadounidense. Entre el plan Solbes y el plan Paulson sólo existen dos diferencias. La primera, que el proyecto estadounidense recogía explícitamente la inmunidad de los burócratas por sus actuaciones; el Gobierno no lo ha incluido, quizá porque, visto el panorama de la justicia española, no lo haya creído necesario. La segunda es que, en efecto, el plan Paulson fue votado y rechazado por el Congreso, mientras que aquí el PSOE ha recurrido a la fórmula del decretazo que tantas veces había criticado.
De hecho, las analogías son tan destacadas que incluso Solbes ya ha renunciado abiertamente a que su plan pueda cumplir con los objetivos por los que, teóricamente, fue aprobado; es decir, que los bancos utilicen esta inyección de dinero público para volver a expandir el crédito. Todo parece apuntar a que se trata de otro plan de rescate de la banca, análogo a los que se están implementando en el resto del mundo.
¿Y qué ha hecho el Partido Popular ante esta peligrosa cacicada? De momento, los populares han empezado dudando de la utilidad de la reunión de Zapatero con Rajoy. Parece claro que al presidente del Gobierno poco o nada le interesan las opiniones del PP sobre su política económica y que sólo pretende utilizarlo para hacerse una foto que le sirva de escudo ante la opinión pública.
El PP haría bien negándose a acudir a esa opereta, pero este gesto no modificaría el riesgo de los poderes cuasi autocráticos con los que se ha dotado Solbes. Es imprescindible que el principal partido de la oposición comience a ejercer sus funciones y reclame información pública y diaria sobre las operaciones que realizará el fondo de 50.000 millones. En caso contrario, como tantas veces hace el Estado, esta crisis será utilizada por los gobernantes para subvertir las libertades de los ciudadanos y consolidar su dominación oligárquica.