El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del Partido Popular y pagó sus cuotas del año 2008 hasta el 2011, lo que supone un nuevo baldón para el órgano encargado de interpretar la Constitución Española que socava aún más la escasa credibilidad.
De poco sirve pretextar que otros tres magistrados actuales han ejercido altos cargos con los gobiernos socialistas, como han señalado desde el Partido Popular, ni que la propia Constitución no establezca la prohibición expresa a los magistrados del TC de estar afiliados a un partido político. La existencia de cuatro miembros del Constitucional con evidente filiación partidista sería un escándalo que destruiría su imagen de independencia si ésta siguiera existiendo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece de modo taxativo la incompatibilidad de la pertenencia a partidos políticos o sindicatos con el ejercicio de labores jurisdiccionales de jueces y magistrados, un sano principio que debería ser observado aún con más rigor en un órgano llamado a juzgar cuestiones del más alto contenido político. Naturalmente, lo que sucede es justo lo contrario.
La contaminación política del TC, proverbial desde comienzos del felipismo como ha quedado de manifiesto en las cuestiones más importantes que le ha tocado juzgar, es una realidad a la que contribuyen los dos principales partidos sin rubor alguno, destruyendo así la separación de poderes que constituye la base primordial de todo Estado de Derecho. Integrado por profesionales del derecho con nula experiencia en los juzgados ordinarios, cooptados además por los partidos políticos de entre sus fieles más señalados, nuestro Tribunal Constitucional se sitúa en la paradójica situación de que ni es un tribunal ni es constitucional, pues sus decisiones poco tienen que ver con el análisis jurídico de nuestra Carga Magna.
Tamaña irregularidad no puede justificarse desde ningún punto de vista compatible con el sano ejercicio de las funciones encomendadas por la propia Constitución Española, por más que los principales partidos políticos intenten disfrazar semejante agravio a la independencia de la Justicia con apelaciones a la letra pequeña de disposiciones dictadas por ellos mismos cuando están en el poder. Una vez más es necesario señalar la anomalía jurídica que supone la existencia del TC en los términos actuales, convertido en un mero apéndice más de los partidos al objeto de validar sus excesos anticonstitucionales.
Es imperativo llevar a cabo las reformas pertinentes para que el actual Tribunal Constitucional pase a constituirse en una sala más del Tribunal Supremo, con los mismos requisitos y régimen de incompatibilidades para sus miembros que observan actualmente todos los jueces y magistrados de España. Mientras no se arranque de las manos de los políticos la potestad de nombrar discrecionalmente a sus miembros sin ningún otro requisito, la independencia de la Justicia en España seguirá siendo una quimera, especialmente en sus más altas instancias.