El bochornoso error cometido por la Agencia Tributaria en el informe remitido la semana pasada al juez Castro, en el que se atribuía a la infanta Cristina la propiedad y venta en 2005 y 2006 de trece fincas ubicadas en Alicante, Pilar de la Horadada, Almagro y Arenys de Mar, que no han sido nunca propiedad de ella, exige no sólo el cese de la directora del referido organismo, Beatriz Viana, sino las más urgentes y detalladas explicaciones por parte del ministro de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda ha tratado de zanjar este martes el asunto con un comunicado en el que confirma el error y dice que es "consecuencia de que en la información recibida por la Agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el de la Infanta". Lo cierto, sin embargo, es que este comunicado más que aclarar el asunto lo hace aun más inexplicable. Sobre todo cuando esta velada imputación del error en el DNI a registradores y notarios ha sido radicalmente puesta entredicho por el Consejo General del Notariado y por el Colegio de Registradores de España, que en sendos comunicados han asegurado que las fincas que se atribuían a Doña Cristina no están ni han estado nunca a su nombre.
Resultaba muy extraño, por no decir imposible, que los registradores de tantas localidades cometieran ese mismo error de confundir el DNI de un ciudadano corriente con el de Doña Cristina, que, como todos los miembros de la Familia Real, tiene tan sólo dos dígitos. Otro tanto se podría decir de los funcionarios de la Agencia Tributaria, si son ellos los que han cometido el error.
La incompetencia de la Agencia Tributaria no se limita, por otra parte, al hecho de no haber comprobado la veracidad de los datos enviados al juez Castro, omisión que ha querido justificar afirmando que "no podía hacerlo por tratarse de una solicitud de información". Esa falta de verificación la ha mantenido Hacienda durante años, desde el mismo momento en que se llevaron a cabo esas operaciones de compraventa, momento en que los vendedores están obligados a pagar el Impuesto de transmisiones patrimoniales, en el cual quedan identificados. ¿O es que las operaciones en las que intervienen personas con DNI de dos dígitos no se verifican ni contrastan?
El ministro Montoro, que tanto se ha jactado de mirar los informes de Hacienda de actores y periodistas, bien podría aclarar una confusión tan difícil de producirse que hasta nos hace dudar de que se trate efectivamente de un error y no de algo peor y más deliberado.
En cualquier caso, que la infanta haya sido víctima de este intolerable error no despeja en modo alguno las contundentes sospechas que sobre ella se ciernen en el caso Nóos. Y, desde luego, por mucho que Doña Cristina renuncie al derecho de ejercer acciones contra Hacienda, los ciudadanos tenemos derecho a que estos errores se expliquen y se paguen políticamente. La inmensa mayoría de la ciudadanía no tiene un DNI tan llamativo y difícil de confundir, y, desde luego, en caso de error, pasaría un calvario muchísimo más largo.