A punto de que millones de españoles inicien sus vacaciones en agosto, aprovechando la atención mediática que concitan los incendios que arrasan gran parte de España y justo después del triunfal balance que hizo este martes Pedro Sánchez del último curso político –en el que además tuvo la hipocresía de anunciar la creación de una "Agencia de Integridad Pública"–, el Gobierno ha concedido indultos a tres condenados por corrupción, entre ellos, la expresidenta separatista del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs –condenada a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental– y el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, condenado a tres años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. Gracias a estos indultos parciales ni uno ni otro tendrán que ingresar en prisión.
Hace bien Isabel Díaz Ayuso en denunciar cómo "Sánchez aprovecha las crisis para mantener su hoja de ruta"; como bien hace el presidente socialista de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page en preguntarse quejumbroso si "ahora cree el Gobierno que, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente condenada por corrupción". Es más: haríamos todos bien recordando al propio Pedro Sánchez expresar hace unos años su "vergüenza" por el hecho de que "políticos indulten a otros políticos" así como sus contundentes declaraciones respecto a la gravedad de los delitos cometidos por la propia Laura Borràs.
No sería, sin embargo, la primera vez que Sánchez mintiera a los españoles. Y, desde luego, no le faltan voceros en su Gobierno que justifiquen su "donde dije digo, digo Diego". Tal es el caso del caradura del ministro Óscar López quien ha tenido la colosal desfachatez de afirmar que el indulto a Borràs es "útil para normalizar la situación de Cataluña", recurrente cantinela del Ejecutivo socialista para justificar los indultos y las amnistías a los golpistas catalanes, con la salvedad de que los delitos por los que Borràs fue condenada nada tienen que ver con el proceso secesionista al que los socios separatistas de Sánchez –dicho sea de paso– no renuncian.
De lo que todos debemos ser conscientes en relación a todos los frentes judiciales que el Gobierno de Sánchez tiene abiertos, y aun cuando valoremos positivamente que los Tribunales apliquen el principio de oportunidad de premiar la colaboración con la Justicia con la rebaja de pena de quienes confiesen sus delitos y denuncien a sus cómplices, es que este Gobierno, cada vez más parecido a una organización mafiosa, también tiene en su mano tanto esa correa de transmisión que, desgraciadamente, constituye el Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido como, llegado el caso, el indulto. En este sentido, tiene todo el sentido que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aun cuando no mente al Constitucional, se pregunte si Pedro Sánchez, tras el indulto parcial a la política de Junts, está "preparando el terreno" para hacer lo mismo con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o con su hermano, David Sánchez.
Lo que está claro es que Pedro Sánchez no parece conocer límites políticos, jurídicos o morales con tal de sostenerse en la poltrona.