Opinión
Noticias y opinión en la red
17-I-2011

Una brutal agresión que debería haberse evitado

Cuando hace apenas una semana un loco de Arizona disparó contra una multitud de ciudadanos entre los que se encontraba la senadora demócrata Gabrielle Giffords, ya señalamos que, en contra del execrable uso del atentado que estaba realizando la izquierda dentro y fuera de Estados Unidos, no había ninguna evidencia en aquel momento que relacionase al Tea Party con Jared Loughner. Por supuesto, no negábamos la posibilidad de que la agitación política mezclada con elementos violentos degenerara en agresiones de tipo político, pero lo cierto es que el Tea Party siempre ha repudiado toda actuación violenta por cuanto en su núcleo ideológico se encuentra el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la vida.

Sin embargo, siguiendo la misma lógica que empleó entonces la izquierda, parecería consecuente relacionar la agresión al consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, con la "campaña de odio" que desde todos los medios de comunicación afines al socialismo se dirige de manera persistente contra la derecha y el PP.

Por supuesto, nosotros no caeremos en la misma tentación populista, por cuanto supondría la instrumentalización política de una tragedia, algo que resultaría insultante para la víctima y que va en contra de nuestra vocación de búsqueda de la verdad. Otra cuestión es acotar las responsabilidades y pensar que, tal como cree la policía, la campaña que desde hace un mes ha orquestado la extrema izquierda contra el PP murciano con la excusa de un decreto aprobado el 22 de diciembre que rebajaba los salarios a los funcionarios de acuerdo con lo decretado por Zapatero, sí haya podido servir de inspiradora o ejecutora de la agresión. Sin ir más lejos, el mismo día 23 de diciembre un senador y alto cargo del PP ya resultaron heridos.

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo. Pese a no ser, como decíamos, el primer ataque contra miembros del PP murciano, el delegado del Gobierno en la región no reaccionó para proporcionar los medios necesarios con los que proteger a los militantes y cargos públicos amenazados, entre los que se encontraba Pedro Alberto Cruz, destinatario con especial inquina del acoso de la extrema izquierda. Rubalcaba llega un mes tarde a la hora de prometer una ayuda que habrá que aún está por ver si llega.

Es urgente detener a los agresores pero también lo es depurar a todos aquellos que con su pasivo comportamiento han facilitado que tuviera lugar este ataque contra un cargo público, contra todos los ciudadanos a los que representaba y, en el fondo, contra la democracia misma. En estos momentos de dificultades, máxime si el PP llega al Gobierno de España e implementa las reformas que el país requiere, lo último que necesitaríamos es que la extrema izquierda usara la crisis para construir, como en Murcia, una campaña de mentiras que cristalizara en forma de violencia política y social.


 

Acceda a los 2 comentarios guardadosClick aquí